TODAVÍA está por llegar el último escarnio de ETA. Cuando llegue, podremos ver hasta qué punto han sido ingenuos nuestros gobernantes y legisladores; hasta qué punto no han sabido ver las consecuencias de una legislación permisiva; hasta qué punto no han previsto cómo unos bandoleros que han cometido crímenes horrendos se podían beneficiar de un entendimiento humanitario de la redención de penas, aplicable por igual al delincuente arrepentido que al asesino dispuesto a volver a utilizar las armas de forma indiscriminada. Estoy hablando de la anunciada salida de prisión de etarras (veinte en este año 2006, cuarenta más en el 2007), en función de los beneficios penitenciarios previstos en el Código Penal del franquismo: el de 1973. Desde esa fecha y hasta 1995 (reforma de Felipe González), las redenciones de penas se han aplicado con toda alegría a presos comunes y a terroristas. Fue un festival. Razones de estudios, reales o ficticios, trabajos en la cárcel, buen comportamiento y otros argumentos se distribuyeron por las prisiones como un maná y sin mayor comprobación por parte de la autoridad. Cuando se quiso detener ese festival de generosidades, ya no había qué hacer: las leyes no tienen carácter retroactivo. Y ahí está la avalancha. Saldrá el terrorista de la matanza de Hipercor. Veremos homenajes en los pueblos vascos, recibimientos victoriosos a ciudadanos con las manos manchadas de sangre, nuevas cristalerías que los asesinos ponen en los bajos de la casa donde viven víctimas. Esto viene ocurriendo desde hace bastantes años. El ministro López Aguilar hablaba ayer de unos trescientos presos de ETA que han sido puestos en libertad durante el mandato de Aznar. De ellos, sesenta tenían acumulación de penas: condenados a 30 años, cumplieron una prisión efectiva de 20. Durante el gobierno del PP, insisto. Por eso Aznar, con gran sensibilidad, elevó el cumplimiento efectivo de las penas a 40 años, sin posibilidad de redención. Pero sólo se puede aplicar a los nuevos delincuentes. La Constitución prohíbe la aplicación retroactiva. Y en ésas estamos. Ni en tiempos de Suárez, ni de Felipe, ni de Aznar, ni de Zapatero se encontró el sistema de detener esa burla legal a la legalidad misma. Sólo se puede contener la salida de un De Juana o un Parot, si hay la suerte de que cometieron un delito en prisión y después de estar juzgados. Y ahora viene la explotación política. El PP, aunque tiene tanta responsabilidad como todos en esta situación, ha encontrado un filón en su tarea de destrozar a Zapatero. Con una ética discutible, le basta con relacionar todo con el clima de diálogo con ETA. Encima de burlados todos, vamos a asistir a una gran manipulación.