LAS FUNDACIONES sanitarias son fórmulas organizativas peculiares que nacen con el discurso cínico de gestionar mejor la sanidad pública. Su implantación en Galicia se remonta a los años noventa, hasta alcanzar en la actualidad un cierto peso dentro del sistema. Su finalidad teórica es, pues, propiciar la gestión eficiente huyendo del derecho administrativo, circunstancia que sus promotores estimaban esencial para contener el gasto y racionalizar la asignación de los recursos. Así, las fundaciones sanitarias -que son entidades de titularidad pública y se financian totalmente con dinero público- utilizan, defienden y aplauden la gestión privada como elemento referencial. Este hecho genera contradicciones que conviene mencionar. En efecto, gestionar recursos ajenos sin explicitar objetivos, resultados y costes, debilitando a su vez el procedimiento, la transparencia y el control, es asumir -en la esfera política- excesivos riegos. Lo dicen las fiscalizaciones realizadas por el Consello de Contas, al verificar cómo la entrevista fue el mecanismo utilizado abusivamente para contratar personal y obviar los principios de igualdad, capacidad y mérito; cómo las compras de bienes y servicios se realizaron en gran medida sin publicidad ni concurrencia; cómo se desplazaron enfermos hacia otros hospitales por razones diversas, entre ellas las económicas, o cómo la ocupación de camas hospitalarias mostró a veces ineficiencias excesivas. O sea, que la presunta superioridad de las fundaciones con respecto a la gestión hospitalaria tradicional descansa más en criterios ideológicos que en cifras y evidencias. Pero dicho esto, que no es poco, conviene conocer bien los problemas que plantea la gestión alternativa. ¿Qué ventajas ofrece la conversión anunciada de las fundaciones sanitarias en hospitales públicos del Sergas? ¿Son estos hospitales más eficientes? La respuesta corresponde, naturalmente, a los responsables de la Administración sanitaria, pero la realidad no es fácil. Porque en estos hospitales hay absentismo y se incumple la ley de incompatibilidades; también se abusa del contrato menor, existe escaso control en ciertos servicios externalizados y abundan los acuerdos no escritos con los laboratorios; los servicios de farmacia son mejorables y las listas de espera provocan continuos dolores de cabeza. O dicho en otros términos, en los hospitales del Sergas conviven magníficos profesionales y servicios de calidad, con vicios y problemas estructurales de gestión que convendría solventar. Son los importantes desafíos que el Gobierno actual deberá resolver con inteligencia y voluntad política. Las deficiencias sanitarias todavía son muchas, pero los beneficios sociales, si se superan, también.