NOS gastamos más de tres millones de euros al año (exacto, unos quinientos millones de pesetas) en reponer los desperfectos provocados por el desahogo de fin de semana de la chavalada. Contenedores en llamas, banquillos demediados, retrovisores arrancados y muros grafitados son el rastro que la marabunta noctámbula deja a su paso por cualquiera de nuestras ciudades. Son unos pocos los que despliegan tanto esfuerzo en las horas de ocio, pero se hacen notar. Alcaldes y concejales echan cuentas y buscan los remedio para atajar la sangría: castigos ejemplares, trabajos en beneficio de la comunidad, sacarle los colores a los padres, acotar espacios para el botellón, colgar la letra escarlata de la camisa de los vándalos. Psicólogos, padres y profesores reflexionan sobre las causas de un comportamiento tan incívico: laxitud en las edades tempranas, incapacidad para la empatía, rabia expresada contra una sociedad que defrauda las expectativas o, simplemente, reflejo del fracaso de la escuela y de la familia a la hora de transmitir normas elementales de convivencia. Pero hay otro aspecto preocupante en el comportamiento de estos chavales. El destrozo de los bienes comunes (ellos también son propietarios) refleja que no se sienten partícipes de la comunidad. A ver si es que hemos criado la generación académicamente mejor preparada y hemos olvidado educarla para compartir los espacios que son de todos.