EL GOBIERNO lleva pidiendo a ETA desesperadamente una tregua, un gesto, un algo que pueda ser alabado por la prensa y TV gubernamentales y que le permita recuperar alguna iniciativa tras el deterioro moral y de imagen que le produce su inadmisible alianza parlamentaria con los separatistas. Recientemente glosábamos la valiente y honrada respuesta crítica de las socialistas Rosa Díez o Maite Pagaza a la escandalosa súplica de Patxi López pidiendo al aparato político de ETA que les eche una mano. Y ETA ha oído tanta súplica, tanta rogativa, y como no podía ser menos ha sacado su comunicado. Apoyando el proceso secesionista de Cataluña instrumentado en el Estatut del tripartito y Zapatero. Cosa que se podía imaginar cualquiera desde que el presidente en funciones de la Generalitat catalana se reunió clandestinamente con la banda asesina en Perpiñán, tratando de hacer una especie de unidad de destino en lo universal entre las suertes de ambas regiones en una delirante futura independencia. Pero resulta muy significativa la referencia al 11-M, hurgando la herida que el Gobierno y la prensa afín intentan cerrar en falso. Y por una vez acierta cuando expresa que no se ha superado la crisis abierta con las «acciones armadas» del 11-M. Porque lo que está pasando es una consecuencia política del crimen del 11-M. En la jerga etarra: «La mayoría de los partidos políticos y medios de comunicación sufren las consecuencias de las contradicciones generadas por este hecho». En realidad, todos los españoles, incluida la Casa Real. Sólo el 11-M y la impunidad con la que actúan los separatistas explican la reciente encerrona al Príncipe de Asturias en Barcelona al que se le obligó a escuchar a él, el futuro «símbolo de la unidad y permanencia», lo de que Cataluña es una nación. Don Felipe no reaccionó. Una pena porque su defensa constitucional le habría ganado muchas simpatías. Como el 23-F a su padre.