NATURALMENTE, el Partido Popular tiene perfecto derecho a organizar todo tipo de actos públicos, incluidas las manifestaciones ciudadanas que considere oportunas, con el fin de defender sus posiciones políticas o de remarcar su oposición a las medidas del Gobierno. No seré yo precisamente, que tantas veces he reivindicado y ejercido ese derecho, quien se lo niegue a los demás. Pero una cosa es reconocer un derecho constitucional, que asiste a todos los ciudadanos, y otra muy diferente confundir ese derecho con la posibilidad de perturbar o impedir el normal funcionamiento de las instituciones democráticas. Y eso es precisamente lo que ocurrió el pasado martes cuando doscientos militantes del PP, entre los que se encontraban alcaldes, concejales y senadores, entraron por la fuerza en el recinto parlamentario con el ánimo de alterar el desarrollo del pleno de la Cámara. En tales circunstancias, Dolores Villarino, como presidenta de la institución, estaba obligada a desalojar a los alborotadores para garantizar el libre desarrollo de la sesión parlamentaria. De lo contrario habría abdicado de las responsabilidades que derivan de su cargo. No parece, además, que la presidenta del Parlamento sea prisionera de prejuicios partidistas. Esa misma mañana, con razón, desalojó de las tribunas de la Cámara a los sindicalistas de la Fábrica de Armas -la mayoría, de UGT- por interrumpir a un diputado del PP cuando éste se encontraba en el uso de la palabra. Existen, por otra parte, precedentes que avalan la decisión tomada por la presidenta Villarino. En la primera legislatura, Antonio Rosón expulsó de la Cámara a los trabajadores de la desaparecida Mafriesa, procesados posteriormente por aquellos hechos. Lo mismo ocurrió en su día con los trabajadores de Sidegasa, desalojados por el entonces presidente, el popular Pérez Vidal. Y muy recientemente tres sindicalistas han sido juzgados por interrumpir un pleno municipal en Pontevedra. No, no estoy proponiendo que en casos como el que nos ocupa se recurra al Código Penal, que, a mi juicio, tiene ya un excesivo papel en las relaciones sociales. Pero sí es preciso recalcar que los hechos protagonizados por el PP en el Parlamento están en el umbral de la ilegalidad y no pueden justificarse, bajo ningún concepto, invocando el derecho de manifestación. Hay que lamentar, sin embargo, que Villarino haya relacionado la actitud del PP con el intento golpista del 23-F. Al hacerlo ha cometido una grave equivocación que está obligada a rectificar públicamente y cuanto antes. Conociéndola como la conozco, sabiendo de su respeto por la democracia, estoy convencido de que así será. Ahora bien, el lamentable error cometido por la presidenta del Parlamento no puede ocultar la peligrosa pendiente por la que parece deslizarse el PP. Ver a los dos principales aspirantes a la sucesión de Manuel Fraga agitar, megáfono en mano, a los militantes populares en el recinto parlamentario resulta simplemente patético. Pero, al parecer, han decidido echarse al monte.