PREOCUPADOS porque el Gobierno ZP haya empezado la cuenta atrás del desmantelamiento constitucional, entrega de Ceuta y Melilla a Marruecos, búsqueda de la manera de engañar al personal para edulcorar la escisión de iure o de facto de Cataluña, o cómo vendernos el pacto con ETA, a veces descuidamos otras cuestiones de especial relevancia cotidiana. Así, los proyectos de ley sobre educación o sobre el amordazamiento de los periodistas. En ambos resulta clara la voluntad de sojuzgar a la sociedad civil y los derechos humanos de los españoles en dos cuestiones claves: la libertad de educación y la libertad de expresión. Intervencionismo contra libertad. El Gran Hermano decide por nosotros para intentar modelar sus piezas: gentes deshumanizadas, embrutecidas, desespiritualizadas, sin espíritu crítico ni valores morales, que permitan mantener el tinglado que simboliza ZP. En este contexto, a cualquier liberal le da mala espina la nueva asignatura de educación para la ciudadanía que se encargará a los sardá, zerolos y susos de turno en remedo de la antigua formación del espíritu nacional. Pues lo de la calidad de la enseñanza ya se sabe que es cosa del facherío, como diría Bono, gentes que no colaboran con la eutanasia moral y económica que se quiere practicar a la clase media, gentes indeseables para el nuevo sistema que pretenden vivir dignamente, de acuerdo a su conciencia, sin tratar de romper ni los hilos verticales que los unen con el espíritu, ni los horizontales con los demás. Pero tan magna obra ha de completarse con el control de los medios de comunicación. Y si no basta con la vía del control empresarial, además hay que buscar el intervencionismo de los consejos de información, costeados por el sufrido contribuyente y nombrados por Rubalcaba y Carod. Y de su brazo armado: la llamada comisión deontológica, burla de la prohibición constitucional de los tribunales de honor.