LA PASADA semana ha sido informativamente rica. Se sigue hablando de la constitucionalidad y oportunidad del Estatut catalán. Pero, junto a tan trascendental cuestión, la atención se ha centrado, asimismo, en la celebración del día de la Hispanidad, en la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, y hasta en la izada de una bandera nacional -que nos recuerda la gran enseña mexicana de la plaza del Zócalo- en el paseo marítimo de A Coruña. Aunque lo que ahora deseamos resaltar es que dichos actos se han producido ante enfrentadas opiniones de los ciudadanos sobre sus gobernantes. Sirvan, como ejemplo, las manifestaciones de desa-probación hacia el presidente del Gobierno y su gabinete por parte de determinados asistentes al desfile de la Hispanidad, que algunos llevaron también a las mismísimas puertas de la sede salmantina de la Cumbre Iberoamericana. Y qué decir, por su especial sonoridad, dada la división de pareceres, entre abucheos y aplausos, con ocasión de la enarbolada de la insignia nacional en la ciudad coruñesa. Y claro está, a nuestros gobernantes tales reprobaciones, por más que algunas hayan excedido la corrección, no les han gustado. Siempre es bien recibido el halago pero, evidentemente, no el reproche. Viene esto a cuenta por la importancia de respaldar, ante desafortunadas descalificaciones oficiales, el juicio crítico, a través de la libertad de expresión, por parte de la opinión pública. Ésta es consustancial, en un sistema democrático, a todo régimen constitucional. No es una casualidad que los revolucionarios franceses y constituyentes norteamericanos consagraran ya -artículo 11 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y Enmienda Primera de la Constitución americana- su reconocimiento. Como apuntaba bien Joaquín García Morillo (La democracia en España) , la libertad de expresión explicita lo que se piensa, y «como tales opiniones, son subjetivas, y generalmente, indemostrables, ya que cada uno suele pensar una cosa. Se puede pensar -y, por ello, expresar- lo que se quiera sobre la existencia de Dios, la situación económica, la gestión política de un ministro o la competencia del responsable de un organismo público». Ésta es su naturaleza más propia y su justa grandeza en democracia. Y por esto siempre envidiaba, durante los últimos años de la dictadura franquista, su asumido ejercicio en las entonces añoradas democracias de nuestro entorno. Aún tengo en el recuerdo las increpaciones, ante las puertas del Parlamento británico, contra la política de premiers como Edward Heath o Harold Wilson. Las aceradas chanzas contra George Pompidou y Valéry Giscard d'Estaing. O las públicas befas al eterno Giulio Andreotti. Ante la crítica ciudadana -¡que no tiene por qué ser, no nos confundamos, justa!-, la clase política no puede caer en la maniquea y burda simplificación, tan tradicional en España, de los míos y los contrarios . O, ¡pensaba que estaba felizmente superado!, entre facherío y rojerío . Nos encontramos ni más ni menos que ante un derecho fundamental nuclear del orden político. Una libertad sin más límites que los previstos expresamente en la Constitución: el respeto a los derechos fundamentales, el honor, la intimidad y la propia imagen, la protección de la juventud y la infancia. La discrepancia, aun agria e inmisericorde, es esencial al ejercicio de la vida pública. Una democracia no consiente, es cierto, la censura previa, ni el secuestro de publicaciones, pero tampoco restricciones a su libertad de expresión. Las catilinarias ciudadanas siguen mostrándose, qué le vamos a hacer, pertinentes.