HAY DOS clases de huelgas: las que afectan sobre todo a aquellos contra quienes se dirigen; y las que, además, afectan al conjunto de los cosumidores y usuarios. Y hay dos tipos de huelguistas: los que se ponen en paro, pero no impiden trabajar a los demás, y los que imponen a todos la huelga por la fuerza. Precisamente porque hay dos clases de huelgas y dos tipos de huelguistas es por lo que nuestra Constitución, que recoge el derecho de los trabajadores a la huelga para defender sus intereses, dispone, al mismo tiempo, que deberá asegurarse el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Ese equilibrio entre el ejercicio de un derecho y los intereses colectivos sólo puede asegurarse adoptando paralelamente dos medidas: en primer lugar, fijando servicios mínimos que impidan que la huelga puede desembocar en situaciones de emergencia social (desabastecimiento de mercados, cierre de hospitales o paro generalizado en los transportes colectivos), y en segundo lugar, asegurando, a través del oportuno dispositivo de orden público, que se cumplirán los servicios mínimos en cada caso decretados y que los trabajadores que no quieran hacer huelga no serán obligados a parar contra su expresa voluntad. La actual huelga del transportes, que ha dejado en situación calamitosa a las empresas y mercados del noroeste del país, es un ejemplo perfecto de lo que sucede cuando se rompe el equilibrio entre derechos individuales y los intereses colectivos. Nadie duda, desde luego, de la razón que asiste a unos transportistas que han debido soportar un cambio radical en sus condiciones de trabajo como consecuencia de la escalofriante subida de los precios del gasóleo y de la consiguiente imparable reducción de sus márgenes de beneficio empresarial. Pero de esos problemas, que amenazan a un sector decisivo en la marcha económica de España, no deben ser los paganos miles de empresarios y millones de consumidores indefensos, que nada pueden hacer para resolver el conflicto que plantean los huelguistas. Por eso, además de que la Administración negocie, como lo está haciendo, para dar a la huelga una salida, es indispensable que, entre tanto, la propia Administración asegure, mediante los servicios mínimos, «el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad». Y es urgente también que garantice, a través de la actuación proporcional de las fuerzas de orden público, que los llamados eufemísticamente piquetes informativos no actuarán como lo que casi siempre son en realidad: grupos de matones que, como en el oeste, van por ahí diciendo a sus compañeros indefensos: «Yo de ti no lo haría, camionero».