EL PROYECTO de Estatut de Cataluña ha hecho saltar las alarmas acerca de la resistencia de las cuadernas del Estado. Se pone en cuestión la estructura diseñada en la Constitución de 1978, el pacto sobre el que se construyó y la misma voluntad constituyente, que es un elemento fundamental para la interpretación de aquélla. ¿Por qué se ha producido el embrollo? ¿Cuál será su desenlace? Habrá que ir contestando en sucesivas aproximaciones. Los conflictos no surgen de repente. Se van formando a lo largo del tiempo hasta encontrar la circunstancia propicia para su estallido. Pese a los esfuerzos por la homogeneidad, desplegados por socialistas y populares en el pasado, han persistido hechos diferenciales dentro de «la patria común». Se reconoció en la Constitución, sin asignaciones concretas, distinguiendo nacionalidades y regiones. Los partidos nacionalistas constituyen una constatación de la previsión constitucional. Nada sorprendente resulta que un nacionalista reivindique la nación, como seña de identidad de la comunidad que quiere presentar. ¿Resulta tan lógico que lo acepte un socialista? No parece que la trayectoria del PSOE respalde una respuesta positiva, al postular el federalismo, anclado en el principio de la igualdad. Maragall ha tenido que añadirle el adjetivo de asimétrico, en una contradicción intelectual palmaria, para justificar la coalición con ERC y no separarse formalmente de las siglas que le amparan. Por eso no resultan sorprendentes las reacciones de compañeros con responsabilidades al frente de otras comunidades autónomas. La situación actual se explica por la dependencia que tienen los socialistas de los votos nacionalistas en el Congreso de los Diputados, en la Generalitat y ahora en la Xunta. Toda hace suponer que se hará lo posible en el Congreso de los Diputados para salvar el compromiso del presidente del Gobierno y mantener el equilibrio de los votos, que asegura una permanencia en el poder, habida cuenta de la incompatibilidad radical con el PP. Por lo que se refiere al símbolo que encierra el término nación , no parece que vaya a llegar la sangre al río. De poco valdrá que se invoque el artículo 2 de la Constitución. Se sostendrá que tiene un mero significado cultural. En ese sentido no se diferenciaría del de nacionalidad. ¿Por qué entonces se introduce?, se dirá desde un lado. ¿Qué trascendencia tiene la introducción?, desde el opuesto. Cuestiones semánticas, que no significan lo mismo para quienes las defienden. Sucede que no se trata de una plausible discusión académica, sino de insertar un concepto en el mundo jurídico en el que opera la Constitución. Porque el Estatuto de autonomía no es un verso suelto, sino que forma con ella el bloque de la constitucionalidad . ¿Por qué no sirve ya nacionalidad , reforzada de histórica ? ¿Qué ha cambiado desde 1978? El PSOE permanece desde el momento constituyente y, sin duda, conserva memoria de lo que entonces se acordó con tanto esfuerzo como generosidad. También la minoría catalana de CiU participó muy activamente en la introducción del vocablo con representantes de UCD, que conocíamos el origen británico de la importación. Se está produciendo un auténtica mutación constitucional, sin afrontar la reforma formal de la Constitución, teóricamente siempre posible. Los nacionalistas son consecuentes con sus postulados, cuya defensa se adapta tácticamente a las circunstancias. Podrían incluso argüir a favor de su postura que se trata de recuperar el espíritu constituyente, ya que la nacionalidad ha quedado devaluada por una persistente acción uniformadora. No engañan cuando declaran que, por ahora, no quieren más, aunque en un horizonte indefinido, como reivindicación permanente, aparezca la autodeterminación que, por cierto, fue rechazada en el debate de la Constitución. Aún reducido a mero nominalismo, el resultado no dejaría de ser pintoresco: habría Nación española, naciones, nacionalidades y regiones, en virtud de lo que digan los respectivos Estatutos. Una cuestión de heráldica, con lo que volveríamos a empezar para mantener los hechos diferenciales, elevando cada vez más el nivel conceptual de lo que se quiere expresar. No es sólo que desde un Estatuto se pretenda definir o redefinir la estructura del Estado, instituciones incluidas, como se hace en el proyecto catalán, sino que el modelo propuesto se asemeja a una sociedad mercantil moderna. Se percibe en función de las acciones que se dice poseer -ingresos generados- en la España S.A. , cumpliendo, además, con obligaciones autocondescendientes de una reconocida «responsabilidad social corporativa» hacia el resto de los socios, a los que hay que seducir. El balance de situación del que se parte está trucado. No registra las aportaciones del «ente societario» que se llama Estado, que ha ayudado a esa posición prominente. No ha de desconocerse la historia en la formación de una autociencia colectiva, los «derechos históricos», pero tampoco olvidarse de las deudas. El camino hacia la independencia es mucho más largo desde una Galicia mal comunicada con el resto de Europa, que desde Cataluña o el País Vasco. Parece que cada cuál atiende a sus intereses electorales. No sufrirá la coherencia de CiU y de ERC, pidiendo lo inconstitucional, ni la del PP, que no votó lo que se reconocía por todos de dudosa constitucionalidad. Sí quedó afectada la del PSC al aceptarlos y pone en cuestión la del grupo parlamentario socialista. El embrollo tiene una salida complicada.