EXISTEN pocas materias tan necesitadas de compromiso institucional, más allá de banderías e intereses políticos, como la educación. De aquí la pertinencia de suscribir un pacto nacional sobre educación. Estamos, no hay duda, ante un objetivo prioritario, tal y como confirma el informe anual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE ). España permanece, aún en el siglo XXI, en el furgón de cola de los países desarrollados por el nivel de estudios: el 33% de sus alumnos no superan el bachillerato, al tiempo que los títulos universitarios no garantizan un mejor empleo. Mientras, nuestro gasto en universidad está lejos de la media, las becas son escasas, y los sueldos de los profesores, insuficientes. Viene esto al hilo de la remisión por el Gobierno al Congreso de los Diputados del proyecto de Ley Orgánica de Educación. Un texto que ha reabierto, una vez más, las agrias discrepancias entre nuestros dos grandes partidos políticos, cuando, dada su significación, habría debido auspiciarse un ineludible, previo e inmediato compromiso de contenidos básicos compartidos. Pero las cosas no discurren por el camino debido. Tras la consecución de un muy difícil acuerdo, durante el proceso constituyente, la Constitución consagraba, en un complejo y extenso artículo 27, varios derechos: el derecho a la educación y la libertad de enseñanza -las dos caras de Jano, el entonces auténtico caballo de batalla de la cuestión-; la garantía de que los padres puedan, de acuerdo con sus convicciones, escoger la formación religiosa y moral que consideren mejor para sus hijos; la libertad de creación de centros docentes; y el reconocimiento -por primera vez en nuestro país- de la autonomía universitaria. Pero si fue arduo formalizar un consenso durante la elaboración de la Constitución, las discrepancias ideológicas volverían a reproducirse abiertamente durante su legislación de desarrollo. Quizás, porque como señalaba sagazmente Óscar Alzaga, recordando las palabras del presidente François Mitterrand, «hoy, para cambiar la sociedad no es necesario tomar el Cuartel de Invierno, basta con tomar la escuela». Pues bien, y por si fuera poco, ¡nada menos que media docena de leyes en veinticinco años!, iniciamos nuevamente el deshacer de la estera de Penélope, pudiéndose perder, una vez más, otra oportunidad para dotar a la enseñanza de la anhelada estabilidad. No es factible, es verdad, diseccionar aquí los puntuales aspectos del reiterado proyecto, pero sí deseamos apuntar los objetivos prioritarios pendientes de resolución. De entrada, el mantenimiento del acceso de todos a la educación -la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza de los seis a los dieciséis años-, pero el aseguramiento, paralelo, de una exigencia de calidad y de transmisión eficaz de conocimientos. Es un desatino la eliminación de todo reconocimiento del esfuerzo individual y de mérito. De no ser así, además de deteriorar la educación, se atenta contra el mismísimo principio de igualdad. La educación es un servicio público, pero ha de brindarse con calidad. Y a tal efecto habrá que poner los medios efectivos para la prevención del retraso en el aprendizaje y la disminución del fracaso escolar. Acto seguido, se impone la subsistencia, que nada tiene que ver con un centralismo mal entendido, de un núcleo de conocimientos comunes en todo el territorio español. Será acertada la prórroga de un mínimo de contenidos -un 55% para los comunidades con lengua cooficial y el 65% para el resto, como estableció la Ley de Calidad de la Enseñanza -, que no su caracterización de máximos. Con ello haremos posible también una conveniente política de cohesión social y territorial. Pero aún se tienen que resaltar tres retos más. De una parte, la preservación de la libertad de elección de centros docentes, así como la garantía de recibir, de conformidad con el mandato constitucional, una valorable y no disminuida formación religiosa, aunque, eso sí, desde el respeto a las cánones fijados por el Estado. Lo que supone, en la práctica, la ampliación de los actuales insuficientes conciertos y el cierre de un acuerdo con la Iglesia católica. En segundo término, la mejora de las condiciones laborales y profesionales -impulsando, por ejemplo, la decreciente autoridad y disciplina en las aulas- del profesorado, con el respaldo a su carrera docente. A tal efecto, sería deseable la aprobación de un estatuto de la función pública docente. Y, finalmente, fortalecer la autonomía de los centros, pero asimismo su inexcusable control. En resumidas cuentas, una labor ingente, pero irrenunciable. Sólo así superaremos la denuncia, ya clásica, de Giner de los Ríos (La Universidad española) : «¿ en esta falta de concurso de todos géneros, material y moral, donde el valor de la educación es tan secundario, y el amor a las cosas científicas uno de los últimos; (...) y donde hasta el hombre opulento y piadoso, cuando se resuelve servir a la religión con su fortuna, le da al convento antes que al seminario, no es maravilla que el nivel medio de nuestra enseñanza no pueda ser muy elevado». Demasiadas interrogantes, pues, y escasas respuestas. La reciente oferta del Ejecutivo de aprobar 40.000 becas para bachillerato, formación profesional y universidades, el reforzamiento de 600 centros de primaria, que llegarán a 1.200 el próximo curso, y el incremento de 300.000 plazas de educación infantil -con un crecimiento presupuestario en educación del 7,6%- es una excelente noticia. Pero la problemática educativa es, como hemos dicho, más compleja. Basta, por ejemplo, con traer a colación -un reto más- la incorporación en este curso de 500.000 extranjeros al sistema educativo.