LA CUESTIÓN de Ence, que estos días nos ocupa, tiene tres dimensiones muy diferentes. La primera, de carácter general, hace referencia a su ubicación y a los efectos medioambientales que produce, y en ese sentido puede entenderse que afecta no sólo a Galicia entera, sino también a todas las personas que piensan que la construcción de un mundo sostenible y ordenado, donde los espacios naturales y urbanos se traten como bienes escasos e insustituibles, es una tarea prioritaria y urgente. La segunda, de carácter estrictamente económico, hace referencia a los intereses empresariales y comerciales, y además de ser mensurable en términos de coste y beneficio, sólo interesa a quienes poseen acciones en la empresa, a los que le suministran materia prima y a los que comercializan su producto final. La tercera, de carácter social y laboral, afecta a los trabajadores directos e indirectos de la empresa, que, sin riesgo evidente de perder su empleo, pretenden equiparar el coste personal que les produciría un traslado racional con el impresionante coste colectivo del emplazamiento actual. Los tres enfoques que acabamos de esbozar son de naturaleza y dimensión totalmente diferente, y por eso es un gravísimo error tratarlos al mismo nivel y como si produjesen argumentos intercambiables. Los que opinamos que Ence debe ser trasladada lo hacemos porque entendemos que los terrenos donde está ubicada la factoría valen mucho más que la instalación existente con todos sus beneficios directos e indirectos. Y por eso afirmamos que, incluso en el falso y mendaz supuesto de que la pervivencia de la factoría dependiese de la renovación de la concesión, debería ser cerrada sin titubeos en el año 2018. Los que están preocupados por los beneficios empresariales y comerciales que produce, en modo alguno deben ser sensibles al sibilino argumento de que la fábrica se va a Ferrolterra o a cualquier otro emplazamiento. Porque ese traslado no sería obstáculo alguno, sino al contrario, para aumentar beneficios, mantener el empleo y aumentar su demanda de materia prima. Por último, los trabajadores y sindicatos, que sitúan su comodidad y conveniencia por encima de todo, no tienen ninguna alternativa razonable, ya que prefieren acabar con la ría y con las expectativas de la conurbación Marín-Pontevedra antes que coger el autobús e ir a trabajar a otro emplazamiento, o trasladar su domicilio a otra ciudad. Esos son los planos de debate. Y en ningún caso deberíamos mezclarlos. Porque si lo hacemos vamos a llegar a la conclusión de que el accionariado de Ence actúa por caridad. O que Ferrolterra y Pontevedra son países diferentes. Y eso sería, ciertamente, una gran estupidez.