LAS CAMPAÑA electorales son un encuentro entre ciudadanos y políticos a través de las palabras y los compromisos. A veces, el entusiasmo impide ponderar debidamente lo que se dice. Gobernar, en cambio, supone priorizar y relacionar las distintas medidas programáticas y, sobre todo, analizar y valorar su puesta en escena. La Constitución fue y es sinónimo de libertad, democracia, reconciliación y autonomía. Aquella España centralista, enmohecida y fuera del mundo se metamorfoseó en otra España dinámica, moderna y compleja, unida más por la variedad, las diferencias y la solidaridad para equilibrarlas, que por símbolos y arengas. La autonomía, que ha sido mano de santo para Galicia, fue asimilada y vivida a lo largo de su breve historia con encuentros o alejamientos en función de la práctica política. La transitoria tercera, diseñada entre sectores de los partidos mayoritarios, UCD y PSOE, para crear una segunda fila de autonomías tras el eje Cataluña-País Vasco, unió a los gallegos contra el aldraxe. Pero la peripecia resultó demasiado compleja y el pueblo se ausentó en el referéndum del texto corregido. El Parlamento y su primera sede fría y espléndida del palacio de Xelmírez, la figura de Antonio Rosón, la calidad dialéctica de los primeros diputados, el desafío del inicio autonómico y el ruido de sables no fueron suficientes para evitar que la primera ley de dos escuetos artículos sobre la ubicación de las sedes hiciera saltar por los aires a los propios partidos y, consecuentemente, a las ciudades. Vigo apoya a Compostela, que recibe la responsabilidad con cierta frialdad, mientras A Coruña clama por el ultraje y la pasión local prende en la población. En los años que siguen, cada urbe tira de su territorio para alcanzar su perfil, la Galicia económica y social se enlaza con las infraestructuras y, al mismo tiempo, empieza a divisarse la necesidad de la Galicia de las ciudades basada en el diálogo y la complementación de roles. El localismo va quedando como una patología provinciana. En el año 2002 se declara por unanimidad parlamentaria a Santiago capital de la comunidad autónoma, ley más prolija y de mayor densidad que la primera y que en su preámbulo se refiere al completamiento «a nivel normativo de las determinaciones contenidas en la ley de sedes». Pasa sin pena ni gloria en un país ya maduro. El Partido Socialista anunció en la pasada campaña la deslocalización de la Administración. Por lo tanto, está en su derecho de mantener esa opción, pero también tiene la obligación de ver sus consecuencias. Sobre Santiago de Compostela, que se preparó para ser capital a costa de fuertes inversiones y trabajos urbanísticos; sobre la funcionalidad de la administración, cuando servidores públicos y administrados ya están habituados a este sistema; consecuencias legislativas, ya sea la reforma del Estatuto vigente o la redacción del nuevo, polarizando el debate en un tema de menor cuantía. Y, lo más importante, de este Gobierno se espera lo que no hizo el anterior: que las ciudades tengan un ámbito de relaciones de todo tipo entre sí con el apoyo de la Xunta, y para eso se necesitan ideas, consenso y tranquilidad parlamentaria y ciudadana. Empezar a tejer por aquello que de verdad valga la pena.