A MANUEL Fraga le parece que el término región no tiene cabida en nuestro Estatuto. Y a Pérez Touriño le parece tan importante la desafección de Fraga que ya descartó, por sí y ante sí, la posibilidad de abordar una revisión en profundidad de la organización territorial de Galicia. Y eso es tanto como decir que el debate sobre la reforma estatutaria va a ser perfectamente bizantino, y que va a estar mucho más atento a no molestar al pasado que a conciliarse con el futuro. Es muy posible que la introducción del concepto de región entre las nuevas formas de organización territorial de Galicia produzca más confusión que beneficio. Pero nadie puede negar que las ideas que inspiran el modelo territorial que esbozó Quintana en la sesión de investidura merecen una reflexión detenida, y que su rechazo no puede hacerse desde los prejuicios dogmáticos del constitucionalismo cartesiano que maneja el jefe de la oposición. Una cosa es oponerse a lo que se considera discutible y mal planteado, y otra muy diferente es limitar el ámbito del debate a las cuestiones accidentales. Y en modo alguno puede decirse que Galicia tiene un futuro halagüeño si, mientras unos llevan su osadía a remodelar la Hacienda y la organización territorial del Estado, los otros llevamos nuestra timidez y nuestros complejos a la sacralización del modelo provincial diseñado por Javier de Burgos a principios del siglo XIX. El discurso del cambio tiene que preceder al cambio mismo. Y difícilmente podemos sentirnos implicados en la tarea de modernización del país si no somos capaces de explicitar qué condiciones son asumibles o discutibles, y qué posiciones son rechazables aún a costa de retrasar nuestra reforma. La colaboración del PP es fundamental a la hora de redactar un nuevo Estatuto. Pero eso no significa que el texto que debemos de alumbrar sea el que le guste a Fraga, ni que el modelo de interpretación constitucional que ha de inspirar nuestro trabajo sea el que ya no se estila ni se explica en ninguna universidad de Europa. El principio de colaboración política y continuidad institucional que debe conducir y orientar la alternancia política debe hacerse compatible con el señalamiento de los cambios y la ruptura de las inercias políticas que ponen frontera entre el antes y el después. Y por eso considero más constructiva la radical desmitificación de la política contra incendios que realizó Suárez Canal, que la idea de pacto sin fronteras que parece alentar en la respuesta dada por Touriño a las imposiciones de Fraga. Porque, si bien es cierto que el cambio político tiene formas y límites razonables, también es obvio que no es Fraga el que tiene que señalarlos.