UN PUEBLO entero, con toda su fuerza, no puede hacer que lo malo se convierta en bueno. Pero ese mismo pueblo, casi sin despeinarse, puede hacer que lo anticonstitucional sea constitucional, o viceversa. La constitucionalidad no es una cualidad esencial de las cosas, sino un acuerdo relativo -aunque estable- sobre la forma de organizar la vida política de un país. Y esa es la razón por la que, si fuésemos medianamente espabilados, estaríamos mucho más preocupados por saber si la reforma estatutaria propuesta por Maragall es buena o mala, que por acumular dictámenes sobre su constitucionalidad. Si la coyunda política entre Maragall y Carod-Rovira nos estuviese ofreciendo un sistema de financiación maravilloso, capaz de reforzar el autogobierno y la solidaridad de los pueblos, de estimular la eficiencia y el ahorro, y de activar el control político ejercido por los ciudadanos; y si su modelo competencial tuviese la virtud de hacer compatible la responsabilidad sobre lo propio con la adecuada dimensión estatal o europea de los problemas actuales, poco importaría que su propuesta fuese inconstitucional. Porque bastarían tres meses para hacerla constitucional y seguir el camino por la historia más contentos que unas pascuas. Y por eso convendría que empezásemos a llamarle a las cosas por su nombre, y que, en vez de adelantar el dictamen de constitucionalidad del proyecto catalán, nos atreviésemos a decir, de una vez por todas, que nos están presentando un bodrio, que reman contra corriente, y que, si todos hiciésemos lo mismo que ellos, iríamos directos al caos. Para un pueblo serio y trabajador como el nuestro, resulta ridículo este proceso en el que se acumulan los peritajes constitucionales con el mismo ardor y objetivo con el que la Inquisición acumulaba dictámenes teológicos, como si la realidad dependiese de las teorías y no fuese exactamente a la inversa. Y por eso empezamos a sospechar que, no habiendo ningún interés por saber si las reformas estatutarias son buenas o malas -la valenciana, por ejemplo, es muy mala y nadie lo dice-, y habiendo sacado todos los debates del terreno de la eficiencia, para entregárselos a los picapleitos, las reformas en ciernes son puros enredos políticos, más atentas al reparto de poder entre las élites que a la gestión eficiente de los intereses comunes. Tal y como se está haciendo hoy, la reforma de los estatutos ha dejado de ser un medio para convertirse en un fin, que unos persiguen y otros toleran con la única condición de que se mantenga en el terreno de la grandilocuencia y la retórica y no modifique el fondo de la cuestión. Y a eso se le llama en Forcarei «moverse para non estar quietos».