HAY EN todo el nuevo enfoque del Gobierno sobre el fin de ETA un bache argumental que no resiste el contraste con la lógica formal. Dice el Gobierno que sólo tratará con los terroristas tras su entrega definitiva de las armas. La pregunta, a partir de ahí, es de cajón: ¿Por qué debería el Gobierno hablar con ETA si el objetivo de tal trato -el cese de la violencia- ha sido ya alcanzado, en tanto que indispensable punto de partida de cualquier conversación? Como la contradicción es tan palmaria, el Gobierno trata de salvarla recurriendo a una trampa semántica que encubre una trampa argumental. La trampa semántica es la de la tregua indefinida, expresión excepcional donde las haya, pues asocia dos términos que son inconciliables: una tregua no puede ser, por definición, indefinida, porque si es indefinida ya no es tregua. Pero esa trampa semántica esconde, y esto es lo importante, una trampa argumental: cuando los partidarios de hablar con ETA reclaman una tregua indefinida, lo que están pidiendo en realidad es otra cosa: una tregua pura y simple, que, como todas, no podrá ser sino provisional. Una tregua que adobada, después, con los elementos retóricos precisos, permita al Gobierno abrir las conversaciones prometidas. ¿Con qué fin? Es obvio, se nos dice: el de acabar con la violencia. Pero, deberíamos contestar, ¿no habíamos quedado en que era el cese de la violencia la condición sine qua non para hablar con los etarras? Seamos claros: el fin de las conversaciones sería el de negociar para convertir en definitiva la tregua provisional antes declarada. Una estrategia esa, afirman sus defensores, que figuraba ya en los pactos políticos previos al antiterrorista. Aunque admitamos sin más que fuera así, ello no impide preguntarse si tras la firma del único de los pactos que ahora se ha olvidado -el antiterrorista- no existían unas condiciones -la extrema debilidad de los etarras- que eran inimaginables cuando los otros pactos, y entre ellos el de Ajuria Enea, se firmaron. Y es que esos pactos previos partían implícitamente de una hipótesis -la de que nunca derrotaríamos a ETA con la lucha policial y judicial- que el Pacto Antiterrorista y sus efectos demostraron era una falsedad que sólo beneficiaba a los propios terroristas. El Gobierno sostiene que es precisamente la debilidad actual de los etarras la que hace necesario un cambio de política. Ojalá acierte. Pues el gran riesgo es que ese cambio pueda contribuir objetivamente, y más allá de la buena voluntad de sus impulsores, a romper el círculo de debilidad que había puesto a ETA por primera vez en su larga historia criminal al borde del abismo.