TRABAJAR se ha convertido en nuestro país en una actividad de alto riesgo. Las consecuencias de la inseguridad en el trabajo -muertes, incapacidades, bajas- son pavorosas. Sin embargo, existe el peligro de que, como sucede con los accidentes de tráfico, acaben convirtiéndose en una fría estadística que se presenta de forma ritual al final de cada ejercicio económico en medio de una insensibilidad social generalizada. La siniestralidad laboral -un índice que mide muy bien la modernidad de un país- es en Galicia y en España la más alta de todo el mundo desarrollado. Esta desdichada situación no es producto de la casualidad ni del azar. Al contrario, es la consecuencia directa del modelo productivo y de relaciones laborales vigente en el país. Un modelo en el que la precariedad laboral alcanza al 34% de los asalariados y en el que las empresas eluden siempre que pueden la inversión en seguridad -que consideran un coste externo que se les impone- y eluden su responsabilidad en un laberinto de contratas y subcontratas carentes de la necesaria regulación. En efecto, el retrato robot del trabajador accidentado es el de un joven que trabaja en contratas de forma temporal, que rota de empresa en empresa y carece de antigüedad, experiencia y derechos. A los insoportables costes humanos -cerca de cien muertos al año en Galicia y más de mil en España- hay que añadir los devastadores efectos económicos de la siniestralidad laboral. Los 55.000 accidentes de trabajo anuales que en Galicia producen la baja del accidentado representan un gasto que se aproxima al 3% del PIB. Dentro de 14 días los ciudadanos decidiremos en las urnas el futuro Gobierno de Galicia. Es imprescindible que las fuerzas políticas que aspiran a dirigir el país, y los candidatos que la representan, conviertan este grave problema en una prioridad nacional y, en consecuencia, presenten alternativas precisas, alejadas de la habitual retórica electoral, para rematar con esta inadmisible lacra social.