ES EVIDENTE que estamos en campaña electoral, a juzgar por las últimas noticias sobre el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) y el tratamiento que se da en el mismo al plan que nació entre las ruinas del Prestige y en los brazos de José María Aznar y Francisco Álvarez Cascos. La Xunta ha presentado casi cuarenta alegaciones de espaldas al Parlamento, aunque anuncia que el asunto será visto por la Comisión parlamentaria del Plan Galicia. ¿Con la pretensión de consensuar un documento cerrado? Más que un acuerdo parece buscarse un plebiscito o que solo reconozcamos los desvelos de la Xunta. Quiero suponer que todas las quejas proclamadas por Núñez Feijóo tienen fundamento. Otra cosa es que a él le asista moralmente la razón: atribuir en exclusiva a los demás, en este caso al Ejecutivo Zapatero y su PEIT, la inconcreción que nos vendió el Gobierno de Aznar con el Plan Galicia no es como para que tengamos confianza en unos ni en otros. Exigir plazos y presupuestos para cada partida, cuando los suyos no hicieron lo propio con su plan, puede ser rentable electoralmente pero es poco riguroso. Hasta ahora Plan Galicia y PEIT no parecen diferenciarse más que en el ámbito territorial. Comprobado lo cual hay que caminar por otros derroteros para medir la confianza en los dos partidos. Cuando menos, el PSOE ha incrementado de manera notable su primer presupuesto para Fomento, cosa que nunca sabremos si habría hecho el PP. El punto de partida en este sentido es, cuando menos, diferente, aunque resulte insuficiente. En todo caso, el problema está en forzar la voluntad del Gobierno central para que concrete lo que de momento es genérico. Y para eso nada habría sido mejor que debatir las alegaciones al PEIT en el Parlamento de Galicia, donde probablemente ni siquiera el PSdG-PSOE se habría atrevido a no consensuar la mayor parte de los puntos. Ahora, Núñez Feijóo no puede reclamar de Touriño que aplauda a toro pasado la faena que ha hecho la Xunta.