TODO HABRÍA sido más fácil de entender, si las Cortes hubieran calificado desde el principio la actual ley de partidos como lo que es en realidad: una ley de protección del Estado democrático. Sí, todo hubiera resultado más comprensible para ese montón de ciudadanos que, de buena fe, no llegan todavía a asimilar que pueda prohibirse en democracia la actuación, política y electoral, de algunas fuerzas. Y es que la ley de partidos que permitió en su día la ilegalización de Batasuna y que esperemos cierre ahora el paso a Aukera Guztiak («Todas las opciones») no es una simple ley de partidos, sino algo cualitativamente diferente: una norma destinada a proteger al Estado democrático de aquellas fuerzas que consideran que la violencia terrorista es una forma como otras de decidir controversias partidistas. Fue de hecho, la acción impune del brazo político de ETA durante casi un cuarto de siglo la que llevó finalmente a las Cortes a adoptar una medida tan excepcional en democracia como la realidad intolerable que la justificaba. Porque hay que decirlo claramente: nunca se habría aprobado en España una ley de partidos como la que actualmente está en vigor de no haberse dado una circunstancia que sería sencillamente incomprensible en cualquier otra democracia del planeta: la actuación, sin problema alguno dentro de la ley, de un grupo político que defendía que el asesinato, el secuestro y la extorsión son medios legítimos para perseguir sus objetivos. España ha sido, y es aun, el único país del mundo donde existe un parlamento -el vasco- en el que los que jalean a los asesinos se sientan codo con codo con quienes están policialmente protegidos para evitar ser asesinados. Es esa monstruosa anormalidad, que ha envilecido nuestra vida democrática hasta extremos que nadie fuera de España entendería, la que explica que hubiera que aprobar la ley de partidos para ilegalizar a Batasuna. Y la que explica que ahora debe hacerse todo lo posible para conseguir probar con arreglo a derecho que Aukera Guztiak es, como lo es sin duda alguna, la nueva marca con la que Batasuna intenta burlar las previsiones de esa ley. Por eso, no es cierto lo que ahora afirman quienes consideran un grave atentado a la democracia intentar desenmascarar la nueva trampa de ETA y Batasuna, pero callan ante la brutal violencia que unos ejercen y los otros promocionan: que el Estado no tiene derecho a tratar de demostrar que Aukera Guztiak es un montaje más de Batasuna. Pues lograr que ETA y Batasuna se queden fuera de la única institución que todavía denigran con su insultante presencia no es sólo un derecho del Estado democrático: es su primera obligación.