NUESTROS políticos son unos expertos en hacer una anécdota de lo importante y en convertir lo importante en anecdótico. Mientras la aprobación del Plan Ibarretxe en el Parlamento vasco es entendido como «el mayor desafío a la unidad nacional desde 1978» (palabras de Mariano Rajoy), los grandes dirigentes andan entretenidos en cuestiones menores como las siguientes: si Manuel Marín debe recibir directamente de manos de Atutxa el preciado documento; si está bien o es digno de toda condenación que Zapatero reciba a Ibarretxe; y si se debe combatir el Plan en las Cortes o en el Tribunal Constitucional. Naturalmente, estas cuestiones ocupan grandes espacios en los medios informativos y están llamadas a provocar nuevas tensiones entre los partidos mayoritarios. Permítanme, por ello, adoptar hoy una cierta posición dogmática o, cuando menos, profesoral. Para decirles, en primer lugar, que resulta cómico que estemos en esas discusiones, si de verdad es tan importante el desafío. Para añadir, en segundo término, que el hecho de recibir o no recibir a una persona no es un asunto político, sino de simple educación. Si el señor Atutxa quiere la relevancia de una foto en el Congreso, denle ese capricho, que no se hunde el mundo por ello. Al revés: no recibirlo sería una descortesía con todo lo que Atutxa representa, a pesar de que sus comportamientos en la presidencia del Parlamento sean tan parciales. Y, si el señor Ibarretxe quiere hablar, denle también esa oportunidad. A ver si no confundimos hablar con ceder, como se ha hecho en el pasado reciente. Respecto al trámite para echar abajo el Plan, hágase lo que supone menos riesgos. Y lo que supone menos riesgos es cumplir lo previsto por las leyes: en este caso, ser aprobado o rechazado (se supone que lo último) por las Cortes Generales. Eso es lo previsto para la reforma de todos los estatutos de autonomía. Pero el Partido Popular pide, exige, que se plantee recurso ante el Tribunal Constitucional. ¿Y qué puede decir ese Tribunal? Cabe que declare el Plan no acorde con la Constitución. Pero debemos temer también lo peor. Debemos temer que el Constitucional razone algo absolutamente lógico: ya que las leyes prevén una forma política de echar abajo el plan, que sea el Congreso quien asuma esa labor. Como esto es posible, la solución del PP es la que contiene más riesgos. Es la que ofrece menos oportunidad de debate político. Es una forma de hurtarle a la soberanía nacional la oportunidad de pronunciarse. Y es, si me apuran, una cierta forma de cobardía, por depositar una responsabilidad política en un ámbito de recurso extremo. Por todo ello, que me perdonen los dirigentes del PP, pero no parece la mejor solución.