DEBEMOS agradecerle a Esperanza Aguirre que hace escasos días nos explicase de forma concisa, directa y limpia de polvo y paja la estrategia del Partido Popular. Se trata de provocar la desestabilización política del Gobierno del PSOE pidiendo la disolución de las Cortes, deslegitimando su auctoritas y evitando que se consolide la acción del ejecutivo exacerbando las habituales tensiones parlamentarias. Cuando Aguirre recomendó a sus colegas del PP de Madrid que permaneciesen alerta porque en cualquier momento podríamos estar abocados a una convocatoria electoral, todo lo ocurrido durante las últimas semanas encontró su acomodo y su razón de ser. Personalmente no me ha sorprendido. Es más, desde hace meses tengo un compromiso con algunos amigos que lamentarán las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El acertijo consistía en atinar con el calendario de la campaña que exigiría el final de la actual legislatura. Siempre mantuve que antes de las próximas Navidades tendríamos noticias de los populares. Los demás ponían de relieve la exageración de mis previsiones. Pues aquí estamos. El hallazgo no tiene mayor mérito porque conozco a mis clásicos y pude asistir desde el escaño parlamentario a la estrategia iniciada en 1993 cuando José María Aznar clamaba desde la tribuna «¡váyase, señor González!». Ahora, las circunstancias son diferentes pero el objetivo no ha variado. Es más, el actor principal es el mismo porque algunas de las afirmaciones de José María Aznar durante su comparecencia en la comisión del 11-M son de una extraordinaria gravedad. En mi opinión, dos de ellas exigen alguna explicación por parte del grupo que apoya a Mariano Rajoy. La primera tiene que ver con algo que afecta a la propia esencia del sistema democrático. Aznar, tras reconocer de nuevo que no pone en duda el resultado electoral, afirma una y otra vez que el atentado tenía como objetivo volcar el resultado de las elecciones y desalojar al PP del Gobierno como resultado de una amplia conspiración que vincula a medios de comunicación, partidos políticos y autores intelectuales que no provienen de remotas montañas ni de los solitarios desiertos. En consecuencia, cabe deducir, el actual Gobierno carece de la legitimidad imprescindible -no confundir con legalidad- y la exigencia de la disolución de las Cortes viene justificada por tal carencia. Incluso sus partidarios, y él mismo, sugieren que una parte de la policía y de la Guardia Civil desviaron información hacia el PSOE durante aquellos terribles días para confundir al Gobierno del PP. En privado, algunos diputados y senadores populares no dudan incluso en sospechar de la complicidad de los servicios de inteligencia franceses y marroquíes. En realidad, Aznar quiere protegerse ante la evidencia del fracaso de un gobierno presidido por él que no supo evitar la tragedia del atentado y del intento de manipulación electoral en las vísperas del 14 de marzo. Y la segunda afirmación de Aznar en su comparecencia -¿quién ha sido?-, pretende incrustar la sospecha entre todos los españoles y destruir la propia base de la convivencia política democrática. ¿Quién ha sido? ¿Acaso no lo saben ellos que estaban en el Gobierno? ¿No confían en el procedimiento judicial abierto? ¿Insinúan que el actual Gobierno no está interesado en conocer la verdad? El daño que Aznar está dispuesto a causar a nuestra convivencia es inaceptable. Pero no es nuevo. Hemos regresado a un escenario similar al de las elecciones municipales de abril de 1931 -nunca reconocidas por una parte de la derecha- que abrieron la puerta a la II República, o a las de febrero de 1936, ganadas por el Frente Popular y que fueron utilizadas para justificar la insurrección militar de Franco. Mariano Rajoy tiene la palabra. Pero el tiempo del que dispone es escaso porque los talibanes de su partido le rodean. Un sector de la derecha española, lamentablemente, no ha cambiado.