EL RECIENTE Informe PISA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sitúa por su nivel de conocimientos a los estudiantes españoles de secundaria en el furgón de cola de los países desarrollados. Sin duda, las causas de esta indeseable situación son variadas -modelo educativo y estabilidad del mismo, falta de generalización de los servicios educativos, desatención a la diversidad, formación y condiciones de trabajo del profesorado...- y, por supuesto, discutibles. Pero si hay un dato verdaderamente relevante e indiscutible que explica semejante desaguisado, éste no es otro que la insuficiencia de recursos que dedicamos al sistema educativo. En educación universitaria o formación profesional, nuestro gasto público es de los más bajos de Europa, representando la educación secundaria a la que se refiere precisamente el informe PISA, con un 45% del gasto medio europeo, un auténtico escándalo. El resultado no podía ser otro que la baja calidad de la escuela pública y un alto índice de fracaso escolar. En términos más generales, el informe de la OCDE devuelve a primer plano la realidad de nuestra situación socio-económica, realidad que una inexplicable actitud de autocomplacencia y un discurso acrítico injustificablemente instalados en nuestro país ignoran. En efecto, pese a haber disfrutado de un ciclo económico expansivo de gran intensidad y larga duración, España, como todos los estudios rigurosos demuestran, no ha sido capaz de superar los graves déficits y desigualdades sociales que la sitúan entre los países con menor cohesión social y con mayores desigualdades de riqueza y renta de la Unión Europea; es decir, como uno de los países más injustos de Europa. Los datos son elocuentes. El gasto social en España representa el 20% del PIB mientras el promedio europeo es del 27%, con el agravante de que el nuestro ha venido disminuyendo desde 1993, año en el que representaba el 24% de la riqueza nacional. El resultado de este proceso ha sido el agravamiento del déficit social, que se manifiesta en todas las dimensiones del aún raquítico estado del bienestar español. Si en educación el informe PISA no deja lugar a dudas, en sanidad, con un 5,8% del PIB destinado a gasto sanitario público frente al 7,8% de la media europea, los resultados son las interminables listas de espera, que amenazan con desvirtuar la eficacia clínica del sistema, o la ausencia de medidas para mejorar la atención primaria. En pensiones gastamos el 8% del PIB, muy alejados todavía del 11% del promedio europeo. Y en los servicios de ayuda a la familia, tales como residencias de ancianos, atención domiciliaria a nuestros mayores, escuelas infantiles o ayuda a los discapacitados, estamos a enorme distancia de la media europea y a distancias siderales de los países más avanzados. Todo ello limita la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y condiciona la necesaria revitalización demográfica del país. Estos son problemas reales que afectan a millones de ciudadanos. Situarlos en el centro del debate político es la obligación del Gobierno y debería ser también su estrategia, en abierta contraposición a la de sus antecesores, cuya insensibilidad social les ha impedido aprovechar el ciclo expansivo de nuestra economía para corregir el histórico retraso social del país.