CON LA DECISIÓN de ejercer sus funciones de control y hacer efectiva la división de poderes, el Parlamento Europeo, pese a las limitaciones que todavía le imponen los Tratados Europeos, ha propinado un duro golpe al «consenso pasivo» que ha permitido sostener el proceso de construcción europea al margen de los ciudadanos, ha reducido el déficit democrático de la Unión y ha comenzado a desbrozar el camino de su institucionalización. No sé si el término histórico -muy devaluado por un uso excesivo e inadecuado- define correctamente lo sucedido el miércoles en el Parlamento Europeo. Pero sí estoy seguro de la transcendencia que para la construcción política europea tiene el hecho, sin precedentes, de que la Eurocámara haya decidido abortar el nacimiento de la Comisión propuesta por Durão Barroso, cuyas prioridades y composición estaban en abierta contradicción con la cultura y aspiraciones de la mayoría de la ciudadanía europea. En efecto, aunque el detonante que ha provocado la crisis hayan sido las peregrinas e inaceptables declaraciones de Buttiglione, las discrepancias de amplios sectores políticos europeos con el proyecto Barroso son variadas y profundas, particularmente en política social y exterior. No conviene olvidar, si se quiere tener una visión general de lo sucedido, que Durão Barroso fue el anfitrión de la tristemente célebre cumbre de las Azores y que, aun cuando logró la aquiescencia general para presidir la Comisión, su candidatura fue patrocinada por el eje Londres-Roma-Varsovia en contraposición al eje franco-alemán. El ex primer ministro portugués -como Blair, Berlusconi o Aznar- cree que la construcción europea ha sido posible, y todavía lo es, gracias a la relación trasatlántica que garantiza nuestra seguridad, y considera una aventura peligrosa el deseo de Europa de dotarse de una política exterior y de seguridad propias. Contrariamente a lo que piensa Barroso y sus aliados británicos e italianos, cuya actitud equivale a justificar el sometimiento de Europa a EE. UU., Francia y Alemania -ahora también España- son plenamente conscientes de que el dominio mundial y la hegemonía de una sola potencia es incompatible con el futuro de Europa. No son menores las divergencias sobre el modelo social. Es cierto que, aunque determinados Estados europeos establecieron a partir de la segunda guerra mundial un modelo social fuerte, las instituciones europeas nunca han considerado a la política social como una política común, ni han hecho de las cuestines sociales un criterio de convergencia. Todo ello ha permitido que las diferencias sociales existentes unidas a la libre circulación hayan provocado una presión a la baja de los sistemas sociales. En la práctica, esta concepción ha llevado a las instituciones europeas a elaborar normas acordes con las legislaciones menos avanzadas, y ha permitido a determinados gobiernos justificar una revisión de las conquistas sociales en nombre de la construcción europea o de la competencia mundial. Pues bien, Barroso pretende aplicar la agenda dura de esa nociva tendencia, y considera que la construcción de Europa ha de pagar el alto precio de una terrible regresión social. Sus antecedentes como gobernante y la composición de la Comisión que ha presentado ante el Parlamento Europeo no dejan lugar a dudas sobre sus concepciones y prioridades. A partir de ahora será más difícil continuar la construcción europea al margen de los deseos e intereses de los ciudadanos. Sólo cabe esperar que la decisión del Parlamento, lejos de ser un hecho aislado, constituya un punto de inflexión en el proceso político europeo.