HASTA QUE VIMOS los atentados del 11-M nadie tenía una medida cabal del problema que hoy representa el terrorismo islamista. No la tenía el Gobierno, que se perdió sin remedio en la pista de ETA. Tampoco la tenían el CNI y los cuerpos de seguridad del Estado, que, a pesar de los muchos avisos que habían recibido, fueron sorprendidos por un grupo terrorista sin cualificación. Y no la teníamos los ciudadanos, que, acostumbrados a repetir la consigna de que todos los problemas y toda la dinamita vienen de Francia, nunca creímos que pudiesen sorprendernos de una manera tan simple. También puede ser verdad que el peligro de un terrorismo tan masivo y radical no existiese hasta la invasión de Irak, cuando una imprudente operación militar, realizada sobre un tumor mal diagnosticado y peor tratado, llenó de metástasis virulentas todo el Occidente. Y por eso hay que ser prudentes a la hora de enjuiciar los fallos que nos costaron los 191 muertos de Madrid, dando por sentado que, lo que es obvio después de una experiencia tan dramática, resultaba inverosímil antes de ver las bombas. Lo que no es disculpable, oyendo lo que se oye en la comisión parlamentaria que investiga el 11-M, es la descoordinación y la irresponsable competencia desatada entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que más de una vez nos hace dudar de si estamos en Europa o en un país bananero. Los medios técnicos escasean, y la forma personalista en que cada jefe intermedio desarrolla sus investigaciones tiene más que ver con las novelas policíacas del siglo XIX que con las investigaciones científicas del XXI. Y ahí es donde surgen serias dudas de si, en contra de las presunciones de Aznar, que siempre hablaba de lo mucho que podemos enseñar sobre la lucha antiterrorista, no estaremos realmente en el extremo contrario, sin haber aprendido la lección de que, sin una coordinación avanzada de la policía y a la Guardia Civil, no es posible diseñar una política de seguridad eficiente. Los diputados de la comisión del 11-M se las ven y desean para no decir nada que se salga del lenguaje correcto y deje en evidencia a los responsables policiales. Pero los ciudadanos, que estamos pagando la factura, no podemos contemporizar con una situación que todos los gobiernos reconocen, y todas las oposiciones prometen arreglar, pero que nadie afronta en serio. Porque lo único que es útil en estos temas es la verdad. Y la verdad dice que, mientras la Guardia Civil y la Policía Nacional compitan entre sí, seguiremos siendo una coladera para los islamistas, las mafias internacionales y los rateros de mala vida ascendidos al rango de confidentes. Y eso no se puede tolerar.