UNA DE LAS ventajas de la democracia es que permite la incorporación de cualquier ciudadano a la política si los electores lo juzgan capacitado. No hay una carrera específica que habilite para ello; no obstante, hay actividades que ayudan. Sin caer, evidentemente, en corporativismos ancien régime , se supone que las personas que se mueven en la esfera legal están mejor equipadas para ocuparse de las materias legislativas, y del mismo modo, cabe presumir que los arquitectos están más cerca de los temas urbanos, sencillamente porque contribuyen con su quehacer a construir o a destruir la ciudad, a hacerla crecer armónica o desgraciadamente. Por eso mismo, no se puede decir que cualquier arquitecto sea apto para gobernar la ciudad, sino aquel que se aproxime a ella desde una concepción cultivada que le permita leer a primera vista sus elementos, captar su vocabulario, interpretar sus situaciones y condiciones, es decir, su gramática, y que sea capaz de pergeñar el futuro, esto es, su literatura. Es una profesión útil porque, al ser conocedor de la geometría de los edificios, calles, plazas y parques, que son todos ellos espacios de la historia, entenderá mejor los hábitos de los moradores de hoy y, por lo tanto, ayudará a ordenar la actividad humana. Además, y esta es una facultad no desdeñable en un momento de cierto letargo de los anhelos y de los sueños, el arquitecto, si dispone de una formación humanística, puede elaborar estrategias de transformación serena de la ciudad. Hasta aquí la teoría, pero la realidad es otra. Cada día hay menos arquitectos en política y, como alcaldes, son excepción. Quizá esto se deba a la necesaria incompatibilidad para ejercer la profesión, que deriva más de una autoexigencia que de una regulación legal. Incompatibilidad que permite la plena dedicación y, sobre todo, pone al abrigo de las presiones de un sector ávido de negocio rápido que podría proponerse tentarlo ofreciéndole en otros territorios encargos, condicionando así sus decisiones en asuntos relacionados con la urbe que gobierna. Autoincompatibilidad que parece, a primera vista, razonable y deseable pero que, curiosamente, no se hace extensiva a ninguna otra actividad, ni siquiera a aquellas directamente vinculadas al sector de la construcción, sea en términos inmobiliarios o de suministro de servicios. Pero hay otra razón que puede explicar la ausencia de arquitectos en los ayuntamientos: la reincorporación al ejercicio privado tras el paso por la política está mal articulada, ya que de forma excepcional en la reglamentación laboral, aunque un edil cotiza como cualquier asalariado, no tiene derecho a percibir el seguro de desempleo. Es posible que algunos sobreentiendan -quizá porque en situación similar así lo harían- que de la política se sale con la vida resuelta. En la mayoría de los casos es más bien lo contrario, y el profesional que durante unos años ha cerrado su estudio, abandonado el ejercicio y las relaciones con el mercado, se encontrará ante un reto bien difícil. Con todo, la alcaldía es un máster excepcional, y sería positivo que jóvenes profesionales con vocación política y que piensan en clave urbana asumieran el doble compromiso con su ciudad y su profesión, sin temor al futuro. La administración y el Colegio de Arquitectos deberían plantearse cuando menos este tema.