¡OJALÁ fuera cierto lo que dicen los obispos! Sí, ojalá fuese posible combatir la escalada de la tasa de divorcios por medio de la ley. Ocurre, sin embargo, que las leyes, ¡coitadiñas!, no pueden evitar que quienes han dejado de quererse tomen la libre decisión de divorciarse. A la ley sólo le cabe regular la disolución del matrimonio de una forma que evite que los que deciden divorciarse vivan, hasta lograrlo, un auténtico calvario. Esa es, sin duda, la reflexión que ha llevado al ministro de Justicia a modificar una regulación matrimonial que no frenaba los divorcios, pero sometía a los cónyuges y a sus familias a un sufrimiento innecesario, que se añadía al dolor que suele traer consigo la decisión de romper una pareja. Es justamente ese sufrimiento añadido, que la actual normativa planteó como un castigo para los que se desviaban de la conducta que el legislador entendía entonces socialmente deseable, el que ahora se elimina. Y se elimina porque se parte de un principio radicalmente distinto al que inspiraba aquella normativa: el de que el legislador debe facilitar la voluntad de los ciudadanos que, en uso de su autonomía personal, han optado por romper el vínculo civil que previamente los unía; y debe, además, asegurar que esa ruptura se realice atendiendo, si es el caso, a los derechos e intereses de los hijos. En este último sentido, la polémica levantada por la custodia compartida es en realidad una tormenta en un barril: esa custodia sólo resultaría fuente de problemas incontables si fuera obligatoria, pero el ministro ha aclarado ya que no lo es. Así las cosas, la reforma de López Aguilar vuelve a demostrar que hay en este Gobierno dos clases de ministros: los que sacan la lengua a paseo y luego rectifican; y los que hacen su trabajo, con la vista puesta en resolver los problemas de quienes pagan su salario. El ministro de Justicia es de estos últimos. Y porque lo es, ha dado la mejor solución imaginable al problema jurídico que plantea la solicitud anual de miles de divorcios. Pero el divorcio está también en el origen de gravísimos problemas sociales. Nadie, salvo la Iglesia, que lo hace en defensa de sus legítimas concepciones religiosas, se atreve a decirlo, porque tal cosa es ya casi una incorrección política, pero yo lo diré, porque así lo creo, con toda claridad. La nueva legislación del divorcio, jurídicamente intachable, debería ser compatible, en todo caso, con la defensa de la familia como una de las instituciones básicas de nuestra sociedad. De esa familia que puede llegar a ser una pesadilla, pero que ha sido y es para millones de personas el mejor lugar imaginable para dar y recibir felicidad.