«SOMOS capaces de poner el país patas arriba», amenazó un dirigente de las asociaciones de gruístas. No imaginábamos cuánta razón tenía hasta que empezamos a ver coches tirados en las cunetas. Y más ahora que la protesta se extiende por España a la misma velocidad con la que se acerca la operación retorno. Tal vez la reivindicación económica de los dueños de las grúas no resulte antipática a los clientes de las aseguradoras. Es el efecto que tiene sobre el usuario que paga pólizas casi siempre carísimas y que con frecuencia esconden alguna sorpresa en la letra pequeña. Pero cuando uno se queda tirado y con el coche expuesto al pillaje no se para a calibrar de quién es la culpa. Lo que quiere es que el servicio público (aunque privado) funcione. Tampoco va a teorizar sobre si lo de las grúas es una huelga (que protege la ley) o un cierre patronal (que sería ilegal). En cualquier caso, parece que les asiste el derecho a recurrir a la inactividad como método de presión. Pero como en otras protestas, deberían decretarse servicios mínimos. ¿Quién los cubre? En todas las ciudades hay grúas municipales. ¿Y la factura? Al seguro, que cobró por adelantado.