EL GOBIERNO prepara una iniciativa legislativa para hacer más clara la financiación de los partidos políticos, evitar aportaciones empresariales incontroladas, que pasan siempre factura de «do ut des» una vez en el poder, y dejar que sean los ciudadanos los que financien de forma transparente, en su declaración de la renta por ejemplo, la opción que prefieran. Dicho así, el propósito parece razonable. Pero no sé si nos estaremos olvidando de un par de cosas: ese genético individualismo, que hace de nuestro país el de más baja afiliación sindical y partidaria y asunto de arduo trabajo incluso el nombrar presidente de la comunidad de propietarios; y el actual crédito público de los partidos. Podríamos toparnos con una reacción ciudadana de consecuencias imprevisibles: que más que una cruz en la casilla correspondiente aparezca un sonoro y repetido exabrupto. Lo que sería grave porque, a pesar de todo, los partidos políticos son un elemento clave de la vida democrática.