EN UN CURSO de verano, el señor Ibarretxe ha repetido que el plan al que dio nombre sólo busca «la convivencia amable entre España y Euskadi». El celofán no disimula el regalito. El proyecto lo califica de «legal, legítimo, democrático y oportuno». Pocos dudarán de que sea políticamente legítimo que el PNV intente ampliar el actual horizonte autonómico del País Vasco hasta incluso la independencia. Pero en su empeño no está observando ninguno de los tres requisitos que marca la razón democrática: no violar el marco legal que lo permite, apoyarse en mayorías muy amplias y fijar de antemano las condiciones de un eventual cambio de rasante político. En efecto, según nuestra Constitución, «la soberanía nacional reside en el pueblo español». Se comprende que a los nacionalistas no les guste, pero la cosa no tiene vuelta de hoja: los vascos no disfrutan del privilegio de ejercer la soberanía cuando les convenga y por separado. Y no vale el señuelo de que, si hacemos la vista gorda y les dejamos usar un derecho que no tienen, entonces aceptarían de mil amores seguir formando parte de un Estado en el que ahora se sienten tan incómodos. Lo de respaldos cualificados, cae de cajón: una decisión política de tanto alcance y con traza de irreversible no es para tomar contra una minoría casi tan nutrida como la mayoría. Hay que recordarle al lendakari y a sus amigos que no querer dejar de ser español para sentirse vasco es un hecho diferencial que merece protección legal. Tampoco parece justo que se pretenda someter a refrendo popular una propuesta sin aclarar los costes previsibles. El que solicita una separación no puede quedarse con todo el patrimonio ganado en común.