LA MEJOR manera de ayudar a los medios de comunicación privados y rendir un servicio al ciudadano no es, como creen algunos políticos, aprobando subvenciones encubiertas y cuando no secretas, o recurriendo a los procedimientos poco edificantes que hemos visto en Cataluña tras desatarse una trifulca por un documento sobre periodistas y periódicos amigos y enemigos que sigue siendo apócrifo aunque todos le han puesto cara. La mejor manera, digo, de ayudar al fortalecimiento de los medios privados de comunicación, al nacimiento de otros y, en definitiva, a la pluralidad informativa, es sacando a los medios públicos de comunicación del mercado publicitario y que estos se guíen por criterios de interés público y no comercial. Si así fuera y de verdad los políticos hicieran con la radio y la televisión pública lo que dicen que quieren hacer pero nunca hacen porque nunca lo quieren hacer, el sector privado de medios de comunicación recibiría una inyección económica directa anual de cerca de mil millones de euros (600 que capta TVE, 117 de TV3, 350 del resto de las televisiones autonómicas y 30, aproximadamente, de radios públicas), suficientes para sacar de aprietos a muchas televisiones privadas, a las radios, a la prensa y a los semanarios, sea cual sea su ámbito territorial. Pero esto, naturalmente, es lo que nunca harán los políticos porque prefieren intervenir en el mercado, ahormarlo, dar prebendas y canonjías, limitar la pluralidad de las voces y enroscarse en sus pliegues hasta embozarlos. Con esta decisión, todos los medios públicos se financiarían con recursos públicos, se saldrían de la presión de Sofres o del EGM, que son herramientas comerciales para garantizar al anunciante la audiencia o difusión, y se someterían a auditorias periódicas de calidad social y de servicio público, que es lo que justifica su fin y lo que aquellas herramientas no les facilita. El comité de cinco sabios que tiene encomendada la definición de un modelo público para los medios estatales de comunicación tiene una buena tarea por delante. De sus conclusiones y de la voluntad política del Gobierno de Zapatero depende el futuro del modelo audiovisual de España, la convivencia y coexistencia pacífica con los privados, la fortaleza de todo él y hasta el modelo cultural y educativo español. Si es bueno, la aplicación por mimetismo del resto de los medios públicos autonómicos es inevitable y cuestión de tiempo.