HENOS AQUÍ, viviendo en casa de la mentira y el engaño. Esas dos palabras presiden la actualidad española. En un país donde el chascarrillo tiende a decir que los políticos nunca dicen la verdad, los mismos políticos se encargan de extenderlo. Y lo hacen en todos los ámbitos: en la fiereza del debate electoral, en la discusión sobre cuestiones de gran actualidad y en la atribución de responsabilidades de gobierno. ¿Es una casualidad o responde a una estrategia? En política casi nunca hay casualidades. El origen de todo está en las elecciones del 14 de marzo. La última ofensiva del Partido Socialista consistió en acusar al Gobierno Aznar de engañar a la opinión pública o, cuando menos, de aplazar la verdad de la tragedia del 11-M. Como dio resultado en las urnas, ahora el PP aplica la misma receta. Por lo que podemos leer en la prensa, no hay mitin donde no se acuse al PSOE de engañar a la sociedad. No hay discurso o declaración periodística de Mariano Rajoy donde no reproche a Zapatero haber engañado a los españoles. Y Jaime Mayor le dijo a José Borrell con toda contundencia: «Usted ha empezado como terminó el anterior debate, mintiendo». Es claro que los estrategas del PP han acordado que la más eficaz táctica de desgaste del adversario es presentarlo como un mentiroso. Pero, ¿qué ocurre por el otro lado? Ayer mismo comentábamos cómo la ministra de Fomento acusó al PP de engañar a los gallegos. En el citado debate televisado, Borrell también le dijo a Mayor: «Ustedes justificaron la guerra con mentiras». Y dispónganse ustedes a lo peor. La discusión que ahora se abre, después de la resolución de la ONU sobre Irak, se basará en los mismos argumentos primarios: quién ha sido el primero en engañar o quién dijo las mentiras más gruesas. Ante ello, sólo puedo hacer dos consideraciones, además de lamentar el espectáculo. La primera, para anotar la pobreza de un debate político que se basa en esos argumentos. Los momentos trascendentes que vive España, con un nuevo y desconocido papel en el mundo, con un horizonte de reformas constitucionales y tensiones territoriales, no puede tener este prólogo, que sólo crea desconfianza social. La segunda, para lamentar que, si hay profesionales del engaño en la función pública, no tengamos mecanismos de depuración. El acusado de mentir, si es una acusación falsa, tendría que defenderse con uñas y dientes, y no poner cara de circunstancias, como hizo Borrell. Y la mentira demostrada tendría que suponer la expulsión de la carrera política. Porque, al final, la pregunta que el pueblo puede hacer es tan sencilla y dramática como ésta: ¿en manos de quién estamos? ¿De servidores honestos o de vulgares impostores?