EL MARTES debatimos en Radio Voz sobre la eutanasia. La representante de la Asociación Derecho a Morir Dignamente nos pidió que no empleásemos el verbo matar porque no se correspondía con el objeto del debate. Pues bien, como dije allí y repito ahora, tergiversar los términos o endulzarlos no es una buena recomendación para debatir con rigor sobre un tema tan profundo, más bien podría calificarse de intento de manipulación de la opinión pública. La eutanasia es la acción médica que tiene por objeto acabar con la vida de un paciente terminal que previa y reiteradamente lo ha solicitado de forma consciente y voluntaria. Es un homicidio. El debate está en si se trata de un homicidio justificado. Los únicos países que lo tienen despenalizado son Holanda y Bélgica; Oregón y Suiza aceptan el suicidio médicamente asistido. Promover la legalización de la eutanasia en una sociedad donde todavía están insuficientemente implantados los cuidados paliativos y la atención sociosanitaria parece una solución equivocada, como afirma la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Existe el peligro de que lo que se concede al enfermo como un derecho se pueda convertir subjetivamente en un deber. ¿No es verdad que el enfermo, a la vista de los graves trastornos que su situación está ocasionando a sus más allegados, solicite una eutanasia que en el fondo no responde a su auténtico deseo? La pendiente resbaladiza es un clásico argumento consecuencialista que se ha aplicado a la eutanasia -incluso por autores que no tienen reparos éticos ante ella- para deducir que una vez legalizada, el clima social conduce a médicos y familiares a deslizarse hacia su aplicación en otros casos. En Holanda se ha comprobado su cumplimiento. Hay más de mil casos de eutanasia no solicitada. En 1994 una mujer mayor divorciada perdió a sus dos hijos por suicidio y entró en una depresión. Pidió a su médico que le ayudase a morir. El médico no era el suyo habitual, pero después de unas semanas de hablar con ella decidió ejecutar su deseo. El tribunal que juzgó el caso consideró que la enfermedad de la mujer era justificación válida; es decir, el sufrimiento psíquico es base para la eutanasia. En 1995 un ginecólogo mató a un recién nacido discapacitado. El tribunal no condenó al médico porque el sufrimiento del niño iba a ser tan grave que seguir vivo en ese estado iba a ser peor que estar muerto.