EN UNA DEMOCRACIA poco asentada, también los jueces tienen tendencia a tomar el rábano por las hojas, y, olvidando su condición funcionarial, que les obliga a trabajar como cualquier mortal y a administrar justicia en el marco estricto de la legalidad, acaban creyéndo que son sacerdotes del dios de la justicia, que tienen hilo directo con el Olimpo, y que sirven de intermediarios entre el reino de la honradez y las miserias de la tierra. La consecuencia más próxima de este equivocado enfoque es que la profesión de juez imprime carácter, y que el que fue juez una vez nunca puede dejar de serlo. Le pasó a Garzón y a Pérez Mariño, que fueron al Parlamento en plan justiciero. Se libran por los pelos Alberto Belloch y Fernández de la Vega, que lucen palmito de «auctóritas» en un océano de pura «potestas». Y le pasa también al actual ministro del Interior, que se infla a hacer sentencias y considerandos fuera del juzgado esperando que se los convalidemos en el ámbito político. Ese es el contexto explicativo de las declaraciones efectuadas por José Luis Alonso en relación al «control» que debe ejercerse sobre las mezquitas y sus imanes, que el propio Rodríguez Zapatero asumió en Lisboa, de forma imprudente, como si no percibiese el sustrato autoritario que anida bajo las mismas. Porque, si bien es cierto que la seguridad y el orden son componentes inseparables del hecho democrático, también es cierto que tales objetivos no pueden lograrse a costa de las libertades esenciales del ciudadano, de la presunción de inocencia, o del criterio de presunta rectitud cívica que fundamenta nuestro derecho irrenunciable a no ser vigilados. La obligación que tiene el Estado de proteger nuestra seguridad y nuestra vida, y la legitimidad de que disfruta para hacerlo, no le permiten extender las sospechas a todo lo que se mueve y, en aras de un ideal de seguridad absoluta, crear un régimen de libertad vigilada. Al ministro del Interior se le escapó el importante matiz de que su competencia para velar por el orden público no le convierte en el juez que puede determinar el alcance de nuestra libertad. Tampoco percibe la grave quiebra de una acción de gobierno que, sobre el hecho de ser discutible en su presentación y eficacia, supone una concepción de los derechos cívicos muy próxima a la de una facultad otorgada, que el Estado estira o restringe por simples criterios de eficiencia. Y por eso le conviene desacelerar el carro y matizar con cuidado sus comienzos. Porque para ir campo a través, y bordear groseramente las libertades, ya teníamos a Aznar. Y porque, a la hora de contener los modos autoritarios, nada resulta más importante que los matices.