CON LA LEY en la mano, Rodríguez Zapatero no es más que un diputado electo y acreditado por Madrid. Por no tener no tiene ni siquiera los derechos y obligaciones de diputado, que sólo se adquieren cuando se jura el cargo y la Constitución. Para ser candidato a la Moncloa aún le falta el trámite de consulta y propuesta efectuado por el Rey. Y para ser presidente del Gobierno le falta obtener la confianza de sus colegas diputados, el decreto de nombramiento firmado por el Rey y su publicación en el BOE. La razón de tanto requisito es que España es una democracia parlamentaria. Y por eso es bueno advertir que, por mucha cultura presidencialista que estemos aplicando a nuestro sistema electoral y a los mecanismos de censura, resulta preocupante que, en vez de hacer las cosas conforme a la ley y al sistema vigente, llevemos casi tres semanas jugando a los presidentes e imitando, de forma temeraria, el modelo americano. Claro que el problema no es nada nuevo, y que si el mismo Rey se avino a retrasar y politizar el trámite de consultas posterior a las elecciones de 1996, para facilitar la reconciliación de Aznar con aquel Pujol, el «enano», que iba a hablar castellano, difícilmente se podrá quejar ahora de que el PSOE y el PP le estén ninguneando, y que, convirtiendo el trámite de consulta en un teatro sin sentido, traten ya de presidente a quien todavía no es candidato ni tiene garantizada la mayoría. El papelón institucional que estamos soportando es de opereta y de juzgado de guardia, ya que, en aras de una confrontación partidaria que se está iniciando antes de que suene el gong, estamos involucrando al PSOE en algunas decisiones de las que en ningún caso puede responder, y viendo como algo natural que un señor llamado Bono, que ni es diputado ni está nombrado para nada, acabe dando su aquiescencia a los movimientos de tropas. En este ambiente sin control, algunas autonomías ya han suspendido leyes vigentes para aplicar normas hipotéticas, mientras las emisoras de la oposición clerical han empezado a bramar contra las catastróficas decisiones de un Gobierno que todavía no existe. Y tanto es el disparate que, si en estos días se produjese un problema grave, y hubiese que dirimir responsabilidades, podríamos ver en el banquillo a dos inquilinos de la Moncloa: al que sale, por dejación de funciones, y al que entra, por usurpación de poderes. Lo que hay que hacer es modificar el trámite de sucesión para que no dure más de diez días, y dejar que el presidente saliente actúe bajo las indicaciones de la ética y de la cultura democrática. Porque la confusión de papeles genera caos, y porque en el caos no puede germinar nada bueno.