LA REFORMA «definitiva» de la financiación autonómica, regulada en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, comenzó a funcionar en el año 2002. Este nuevo sistema de financiación, que incorpora sin duda elementos positivos, ofrece también interrogantes y preocupaciones diversas que afectan directamente a la financiación sanitaria. Por eso interesa saber como incide el sistema sobre el Sergas. Los problemas financieros de la sanidad pública gallega son tan relevantes que deberían conocerse cada vez mejor. Cerrado el ejercicio, estos fueron sus resultados. Uno: en diciembre de 2002, el Gobierno gallego tuvo que reducir la inversión y endeudarse aprisa en 65 millones de euros (10.815 millones de pesetas) para financiar el crecimiento de la farmacia. Dos: a pesar de ello el Sergas cerró el ejercicio con un déficit contabilizado de 58,6 millones de euros (9.762 millones de pesetas). Tres: desconocemos si existe un déficit adicionales por gastos no contabilizados, aunque nos tememos lo peor. Cuatro: los ingresos liquidados del Sergas (sin considerar el endeudamiento), crecieron el 4,8% con respecto a los ingresos liquidados en 2001, lo que supone una cifra inferior a las registradas con anterioridad. O sea, que el panorama no parece brillante. Aunque la prudencia aconseja esperar y comprobar si estas insuficiencias se reproducen o no en ejercicios posteriores. Además, el peso y la evolución de los ingresos por tributos cedidos en las comunidades autónomas generan tendencias hacia la desigualdad, lo mismo que la reducción de fondos europeos o la falta de operatividad y eficacia en las asignaciones de nivelación. Pero esta probable y pronta insuficiencia financiera dinámica, con efectos directos en la sanidad, no la resuelve el impuesto minorista sobre hidrocarburos ni las distintas fórmulas de copago. Porque son riesgos y responsabilidades superiores a los que la reforma promueve y porque ignoran además las causas que explican el gasto sanitario. Por eso las comunidades autónomas tendrán que ser más eficientes, aumentar su participación en los impuestos del Estado y establecer de nuevo las lógicas revisiones periódicas del sistema. Un buen sistema sanitario público -dicen Daniels, Light y Caplan (Benchmarks of fairness for health care reform, Oxford University Press, 1996)- exige, entre otras cosas, financiación robusta y equitativa basada en la capacidad de pago, incentivos para la eficiencia clínica y financiera, acceso universal y prestaciones comprensivas y uniformes. Es una propuesta ética fundamentada en el principio de igualdad de oportunidades. Es una propuesta que siempre deben considerar y debatir los partidos políticos, las organizaciones sociales y obviamente los responsables del Sergas.