TANTO AZNAR como la mayoría de los dirigentes del PP -tardíos defensores de la Constitución unos, demócratas sobrevenidos otros- han mostrado siempre una actitud renuente a que el gobierno rinda cuentas de sus decisiones políticas. Me refiero naturalmente a su gobierno. Cosa muy distinta era la posición del PP respecto a los ejecutivos socialistas; pero, al cabo, estos últimos no representaban más, según la autorizada voz democrática de Álvarez Cascos, que una desdichada anomalía en la historia de España. Así pues, el presidente del gobierno no se siente obligado a responder de sus actos y decisiones ante el Congreso de los Diputados, ni está dispuesto a repetir en un foro tan escasamente relevante lo que ya explicó convenientemente -por cierto, como si de un niño con zapatos nuevos se tratara- desde la tribuna del Capitolio a varios cientos de becarios del Congreso estadounidense. Realmente, en los últimos meses de su mandato, el presidente Aznar ha perdido el rumbo, y muestra preocupantes síntomas de estar a punto de perder también, si no lo ha hecho ya, la decencia política. Pero una cosa es que el presidente del gobierno no esté dispuesto -bien por arrogancia, bien por cobardía- a asumir la responsabilidad de sus actos, y otra muy distinta que la democracia española consienta semejante humillación que la sumiría en un estado catatónico, sobre todo, después de que en Washington y Londres se hayan abierto las correspondientes investigaciones sobre las decisiones que condujeron a la guerra de Irak. Al declarar una guerra al margen de la ONU, suplantando a ésta y usurpando funciones que no le corresponden, Aznar y su gobierno han protagonizado una acción de extrema gravedad que situa a nuestro país al margen de la legalidad internacional. ¿De dónde deduce Aznar que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha delegado en EE. UU. u otros miembros -trío de las Azores- la competencia para decidir las medidas que se derivan de la resolución 1441? Pero si, además, no había armas de destrucción masiva ni relación probada con el terrorismo, como habían advertido nuestro propios servicios de inteligencia, ¿cuáles eran los verdaderos objetivos que se perseguían con la invasión de Irak? Sencillamente el cambio de régimen y la implantación de un protectorado norteamericano en aquel país, algo taxativamente prohibido por la Carta de Naciones Unidas. En tales circunstancias, el compromiso bélico adquirido por el presidente Aznar, al violar las normas internacionales que depositan en el Consejo de Seguridad el monopolio del uso de la fuerza, afecta también a la Constitución Española. En efecto, los tratados internacionales fueron constitucionalizados en el artículo 96.1 de nuestra Carta Magna, y resulta evidente que el más relevante de todos ellos es, precisamente, la Carta de las Naciones Unidas, cuyo artículo 103 determina su prevalencia sobre cualesquiera otras obligaciones de los estados miembros. Dicho en otras palabras, al infringir dicha Carta, el Gobierno infringe la Constitución Española. Pronto los ciudadanos podrán pronunciarse sobre el peligroso embrollo en el que nos ha metido el autoritario personaje que nos gobierna, aunque es posible que acaben hablando también los tribunales. En cualquier caso, la democracia española está sometida a prueba.