EL INSTITUTO de Estudios Políticos e Sociais, que preside Antonio Campos Romay, acaba de organizar unas jornadas sobre XXV anos de Concellos Democráticos, en un intento de pasar revista a distintos aspectos de la vida municipal y, concretamente, al planeamiento. El planeamiento predemocrático arranca del epílogo de la dictadura, con una sociedad ya resistente a los destrozos urbanísticos. Leyes estrictas, nominalmente bienintencionadas y paternalistas, acompañadas de planes potentemente edificatorios, en absoluto urbanizadores, todo ello programado para ser transgredido con las obras clandestinas e ilegales. El resultado es bien conocido: la destrucción de una parte considerable del patrimonio, la densificación de grandes áreas de la ciudad sin contar con ningún tipo de equipamiento, dejando sólo el estrecho hueco del espacio público entre los bloques masivos, con una arquitectura de baja calidad constructiva y estética. Para hacer frente a aquella situación, la naciente democracia se dotó con un planeamiento que estructuraba y ordenaba la ciudad. Se pensaba que el plan general era la panacea, la fórmula mágica para resolver casi todos los problemas urbanos, dotándose para ello de un modelo generalmente denso y trenzado, pero dando la espalda a lo que acontecía en su entorno metropolitano. Quienes pensábamos que para el buen desarrollo de la ciudad era necesario ejecutar previamente las infraestructuras, rondas, periféricos y colectores, y los equipamientos culturales y asistenciales, redactar planes parciales para evitar la licencia directa en todo el municipio, fuimos tildados de estrictos por un sector inmobiliario poco creyente en la regulación y muy activo ante el negocio de la construcción. Además, toda esta acción urbanística hubo de realizarse conjuntamente con esfuerzos y recursos públicos muy cuantiosos para llevar los primeros auxilios a unas ciudades abandonadas. Hay que reconocer que el planeamiento de la última década ha sido más voraz , preparado más bien para satisfacer una alta demanda inmobiliaria, en la línea liberalizadora de las modificaciones legislativas del Estado, con un rigor ordenancístico al detall y una oferta de suelo a granel . Este modelo está conllevando un crecimiento difuso y roto, ya que, en líneas generales, carece de una estructuración del suelo, debido tal vez a que el proyecto urbano ha perdido importancia. Es decir, le falta filosofía de la ciudad y, al mismo tiempo, cálculo económico de los costos de futuro de lo que se está haciendo. El balance de la democracia y la autonomía es claramente positivo. Con absoluta contundencia: con Franco, también en esta materia, vivíamos peor. Creo que en los próximos veinticinco años, el tema de las ciudades y su planeamiento quizá va a tener más que ver con la necesidad de su racionalización física y económica: cómo vamos a ser capaces de sostener el modelo de urbanismo disperso y con qué recursos -ya no europeos- vamos a costear la reparación de los daños territoriales ocasionados.