CUANDO las Cortes aprobaron, por inmensa mayoría, la ley de partidos que iba a posibilitar la ilegalización de Batasuna se alzaron en España muchas voces en contra de una norma que, supuestamente, sería como el infierno para nuestro Estado de derecho y nuestra convivencia: una reunión de todos los males sin mezcla de bien alguno. Eso vinieron a decir, rasgándose sus vestiduras democráticas, los contradictores de la ley, muchos de los cuales, curiosamente, se habían distinguido durante años por su falta de humanidad y de decencia para condenar los horrendos crímenes de ETA. El apocalipsis anunciado extendería sobre el país una doble plaga arrasadora de la paz civil y los principios democráticos. Paz civil pues -se decía- ilegalizada Batasuna Euskadi arderá de norte a sur y de oeste a este. Y principios democráticos -se añadía- porque ningún Estado libre puede serlo de verdad si se coarta la expresión de las ideas, aunque aquéllas se traduzcan en repetidos actos de defensa de quienes se consideran con derecho a asesinar a sus vecinos. Pese a todo, Batasuna fue ilegalizada en cumplimiento de la ley. Y la ley fue considerada unánimente por los magistrados de nuestra más alta instancia judicial en todo compatible con los derechos garantizados en una Constitución democrática ejemplar. Pero además, y por si ello fuera poco, lejos de provocar el anunciado apocalipsis, la ley produjo unos efectos extraordinariamente positivos en la lucha contra ETA, que hoy ya nadie se atreve a discutir: la kale borroca se fue debilitando hasta casi desaparecer del escenario, lo que ha dificultado como nunca la reproducción de la banda terrorista y ha acabado por reducirla a su estado de mínima operatividad desde su aparición hace tres décadas. ¡Y todo ello también, aunque no sólo, por efecto de una ley, que iba a ser, según algunos, el origen de desgracias políticas y jurídicas sin cuento! La sentencia hecha publica el viernes en Madrid, por la que el Constitucional rechaza el recurso de Batasuna contra su ilegalización, marca el triunfo definitivo del imperio de la ley sobre la defensa del terror. O casi, pues aun le queda a Batasuna la carta del Tribunal Europeo de Estrasburgo. Poca cosa, porque aquél ha declarado en otro supuesto similar que «un partido cuyos líderes incitan a recurrir a la violencia, o proponen una política que no es compatible con las reglas de la democracia, o aspiran a su destrucción, o violan los derechos y libertades que la democracia garantiza, no puede pretender prevalerse de la protección de la Convención Europea frente a las sanciones que por esas razones le han sido impuestas». Más claro, Batasuna.