LA MAGNITUD de la catástrofe habida en el suroeste de China, por el estallido, y posterior envenenamiento atmosférico, de un yacimiento minero, aflora de modo trágico los límites, ciertamente inhumanos, del modelo chino de crecimiento económico. En un contexto de libertad política, de respeto a los derechos humanos y, muy concretamente, de presión suficiente de la opinión pública, no se habrían dado las condiciones en que esta tragedia se ha producido. Un sistema de gobierno en el que la decantación de las responsabilidades de gestión excluye el peso de la sociedad, por causa de que ésta no existe, y lo reduce todo a los circuitos del Estado, que se reduce a expresar la voluntad del partido -comunista, por supuesto-, es sistema condenado a olvidar a la gente, aunque se diga con toda la honestidad posible, que es a ésta, a la gente, a la que se destinan los desvelos de los gobernantes. La ausencia de un dispositivo de seguridad adecuado, tan redundante como la singular magnitud del riesgo exige, genera la probabilidad acusada de catástrofes no naturales. En Occidente, la presión social, por vía de los ecologistas o de otros vectores de opinión, determina el crecimiento de los márgenes de seguridad -por ejemplo, en la industria nuclear- y genera costes tan desproporcionados como legítimos en su exigencia. Por eso son los «límites morales» de la eficacia económica los que hacen comportamientos diferentes y resultados distintos. El crecimiento chino de la riqueza está soportado en niveles de costes humanos, de carencias de libertad, que lo vuelve imbatible. Frente al modelo soviético, que se despidió con la catástrofe de Chernobil, el capitalismo chino de Estado se distingue por la democracia interna del partido gestor de su dictadura. Pero tiene en la inhumanidad real, y en la falta de sociedad civil, el específico carburante de su eficacia desenfrenada.