AVATARES más políticos que técnicos han propiciado que el Consejo Europeo haya adjudicado la Agencia Europea de la Pesca (AEP) a España. Sin rodeos y al margen de otras cuestiones, es un éxito imputable a José María Aznar y a su gabinete. La reforma de la Política Común de Pesca (PCP) preveía la puesta en marcha de la AEP durante el 2004. Sin embargo, la enrevesada negociación de la futura constitución europea, con el juego de equilibrios y compensaciones que requieren todas las decisiones comunitarias, ha obligado a romper el calendario. El Gobierno español pujó sucesivamente por las agencias de seguridad marítima y de alimentación, incluso se habló de la de policía, pero fue en vano. Por lo que Aznar decidió pescar en otras aguas. Además, y quizá para evitar molestos enroques en Madrid, el Consejo Europeo ha creído oportuno restañar posibles heridas políticas. Estos dos elementos explican por qué la AEP tendrá sede en Vigo. La obtención de la AEP es un éxito, indudablemente, pero también un reto. La flota pesquera española es la más activa de la Unión, también la más problemática y, paradójicamente, la más veces denunciada por sus presuntos excesos, aunque en numerosas ocasiones se trata de acusaciones interesadas o carentes de objetividad. Que el servicio encargado de velar por las buenas prácticas y de elaborar proyecciones de futuro esté radicado en Galicia comporta ventajas, sobre todo en lo tocante a investigación y a la hora de prever movimientos, pero también obliga a implantar una cultura pesquera propia del siglo XXI, en la que no caben paternalismos, ni subvenciones generalizadas, ni la falacia de que el mar carece de propietarios. Si el actual proceso de racionalización del sector se paraliza, la AEP será un dulce envenenado. Pero si el sector afronta los cambios a que obligan los marcos económico y legal, la AEP será una bendición y, por ende, generará plusvalías.