«LOS ESPAÑOLES hemos decidido no volver a las andadas». Fue ésta, en su día, una forma común para expresar la voluntad del pueblo de romper con los demonios del pasado. La nueva etapa postfranquista habría, así, clausurado para siempre una historia caracterizada por la falta de consenso sobre los principios fundamentales que debían regir nuestra convivencia democrática. Encarar aquel reto no fue fácil, pero hubo un momento, hace más o menos una década, en que la inmensa mayoría llegamos a pensar que, al fin, lo habíamos logrado. Sólo ETA seguía planeando sobre todos como una trágica sombra del pasado. El reconocimiento del sufrimiento de sus víctimas era, de hecho, el único gran ajuste de cuentas con la historia que España tenía entonces pendiente todavía. ¿Por qué nos atenaza hoy la sensación de que las cosas han salido al final mucho peor de lo que llegamos a pensar, con optimismo, hace no tanto? ¿Por qué esta creciente sensación de asfixia y pesimismo? Pues, en mi opinión, porque los que están legítimamente descontentos con nuestro actual marco de juego democrático (pequeñas minorías) han conseguido convertir su insatisfacción en parte esencial de la agenda política española. Y así, aunque tanto el plan Ibarretxe como los proyectos, muy diferentes, del independentismo catalán están condenados al fracaso político y social, la verdad es que mientras éste se produce han obtenido ya un éxito innegable: extender la sensación de que hay un clamor popular contra nuestra ley fundamental, que sería una especie de cáscara vacía, inservible para ordenar el futuro de la vida democrática. Las cosas son de un modo muy distinto, y hoy más que nunca la Constitución es la norma básica para hacer frente a los que creen que es posible convivir sin otra regla que la de que cada uno haga lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Es decir, para hacer frente a un desafio que supone todo lo contrario del gran acuerdo constitucional que nos ha garantizado estos veinticinco años de paz en libertad. Decir que el Gobierno y el PP han encarado ese desafío con una manifiesta falta de habilidad y finura democrática es proclamar una verdad como una casa. Afirmar que lo han hecho además guiados por el interés partidista de convertirlo en la gran palanca para conservar su mayoría responde también a la dura realidad. Pero hacer responsable al gobierno (y, en los casos más delirantes, al PSOE) del clima que el independentismo ha acabado provocando resulta una falsedad intolerable. Aceptarla equivaldría a dar por bueno que quienes hoy defienden el imperio de la ley son los responsables de que aquélla esté para algunos en pública almoneda.