EL VEREDICTO de las urnas, que siempre es la verdadera encuesta, ha deparado alguna sorpresa en Cataluña, pero ha confirmado todos los pronósticos que auguraban una formidable repercusión de las elecciones catalanas, tanto en aquella comunidad como en el conjunto de España. Es evidente que los profetas demoscópicos se han equivocado al predecir, bien es cierto que a la baja, la victoria del PSC y, por tanto, al reducir las posibilidades de gobernabilidad en Cataluña a la coalición de izquierdas PSC-ERC-IC. Aunque esta alternativa todavía es posible, la probabilidad de que llegue a concretarse se ha reducido drásticamente. Pero en modo alguno este hecho disminuye la profundidad de los cambios que el resultado electoral del pasado domingo introduce en la política catalana y española. En efecto, logre formar gobierno o se vea obligada a ejercer la oposición, CiU no tendrá más remedio que dar por terminada la alianza que ha mantenido con el PP los últimos siete años. En un caso porque su necesario socio de gobierno, sea éste ERC o el PSC, se lo impondrán; en otro, porque carecería de sentido político mantener dicha alianza sin poder gestionarla desde la presidencia de la Generalitat. A nadie se le le escapa la importancia de este obligado cambio en la política de CiU, sobre todo si las elecciones generales del próximo año no producen mayorías absolutas. No menos influencia debería tener el resultado sobre la estrategia del PP que, pese a su moderada mejora, se ha convertido en una fuerza irrelevante, al perder toda influencia sobre la gobernabilidad de Cataluña. Después de siete años de gobierno, el PP no ha conseguido penetrar en Cataluña, lo que demuestra fehacientemente la imposibilidad de articular, sin graves conflictos, la cohesión territorial del Estado desde una posición centralista y excluyente. Por otra parte, el resultado electoral ha representado un terrible mazazo para la moral y las expectativas de Zapatero, y ha abierto un debate en el PSOE, en el que son cada día más numerosas las voces que reclaman un giro radical en el discurso del PSC, que, de producirse, no sólo desvirtuaría su propuesta a favor del cambio, sino que lo relegaría a posiciones subalternas en la política catalana, alejándolo definitivamente de cualquier posibilidad de presidir un gobierno de izquierdas. Pero lo verdaderamente relevante de las elecciones catalanas consiste en que abren un proceso de cambio en las relaciones entre Cataluña y el Estado. Cambio que afectará al Estatuto, muy probablemente a la Constitución y, desde luego, al sistema de financiación autonómica. En eso consiste, con propuestas diversas, el compromiso expresamente adquirido ante el electorado por CiU, PSC, ERC e IC. Es decir, por 120 de los 135 diputados del nuevo Parlament, ¡el 88% de la representación institucional del pueblo de Cataluña! Si esa amplia mayoría concreta una propuesta común de reforma y la presentan, como todo hace suponer, respetando los procedimientos y las normas legales vigentes, no parece que el Gobierno tenga camino que el diálogo y la negociación o añadir al grave conflicto que se vive en el País Vasco una segura y aguda confrontación con Cataluña, cuyas consecuencias serían imprevisibles. En todo caso, el resultado catalán trae cola y, sin la menor duda, nos afectará decisivamente a todos.