MIENTRAS en Madrid malinterpretaban la compleja realidad vasca igualando causas con efectos y adversarios con enemigos, el nacionalismo moderado tomaba la iniciativa y maduraba un desafío a España por todo lo alto. Los avisos no fueron atendidos. Guste o no a la españolería andante, en el País Vasco hay un problema político de fondo que no se deja solapar por la violencia terrorista, deuda del franquismo que la Transición no acertó a cancelar. La amplísima capacidad de autogobierno concedida por la Constitución del 78 a esa comunidad fue el reconocimiento de que sus viejas aspiraciones no carecían, en ese punto, de títulos. Pero el escenario de temores en que se fraguó el consenso constitucional hizo que las partes tomaran lo acordado a beneficio de inventario. Y así, lo que parió la desconfianza vino a crecer entre deslealtades. El poder central cometió un error mayúsculo al extender la autonomía a las regiones que ni la habían soñado, lo cual supuso una devaluación indirecta de la otorgada a la vasca. Los nacionalistas norteños, atrincherados en el Estatuto de Guernica, buscaban los atajos hacia la independencia. La presencia del terrorismo nubló a todos la vista y sirvió de pretexto para las inercias y las obstinaciones. A agravar el conflicto ha contribuido no poco el hecho de que la negociación no es entre el conjunto del Estado y las instituciones políticas vascas, sino bilateral entre los gobiernos central y vasco. Las asistencias parlamentarias coyunturales y las estrategias electorales de los partidos priman sobre los intereses generales. La fórmula de encaje que ofrece Ibarretxe no semeja aceptable en términos democráticos y constitucionales. Pero puede haber otras que lo sean, y caería en irresponsabilidad quien no trabajara para encontrarlas.