SI ES CIERTO que en Euskadi «ha comenzado el proceso de secesión», como dice Mayor Oreja, desde el Estado no hacen más que empujarlo. No es que se hagan mal las cosas. Es que hay una especie de mal fario que agranda el abismo que separa a españolistas y secesionistas. Es que se está cargando al nacionalismo de razones para construir el discurso habitual de Arzallus: «nos están echando de España». El último paso en la escalada lo ha dado ayer el Consejo del Poder Judicial, al dictar la suspensión cautelar de la «Sala de la Discordia». ¿Es ilegal esa suspensión? No. En absoluto. Pero, tal como se ha efectuado, produce la peor impresión: se decide, porque el resultado de la ampliación del número de magistrados de la Sala no permitiría procesar a Atutxa. Dicho en lenguaje nacionalista: «Madrid» quiere imponer a unos magistrados que respondan a sus intereses políticos. Es decir, que procesen y condenen a Atutxa. En consecuencia, la Justicia es un instrumento del Gobierno de Madrid. ¿Alguien ha pensado lo que vale esa creencia social? ¿Alguien ha valorado el riesgo de meter a la Justicia en una confrontación como la que viene? Quiero pensar que sí. Y, si siguen adelante, es porque consideran peor Justicia vasca aparezca alineada con el Parlamento autónomo en su confrontación con el Estado. En ese momento, el Estado español sería una figura decorativa en Euskadi. Sin llegar tan lejos, hoy tenemos a la propia Justicia como víctima. Para Carlos Iturgaiz, se pretende que la Justicia sea «la correa de transmisión del nacionalismo». Para Joseba Azkárraga, el CGPJ parece «un comité ejecutivo del PP». ¡Bien hecho, señores! La Justicia se ha quedado sin crédito para nadie. Tal crimen institucional no puede ser fruto de una mala gestión. No puede existir una gestión tan perversa. Tiene que ser fruto de un maleficio.