A PUNTO de ser cesado, que no antes, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción acusa al Fiscal General del Estado de un grave delito de prevaricación, diciendo textualmente que puede «investigar si se querella el PP, pero no si lo hace el PSOE». Pero no presentó querella, y aquí no pasó nada. Poco después, siguiendo su costumbre de hablar donde no debe y sembrar serias dudas sobre el tribunal que le dio la cátedra, el presidente del Tribunal Constitucional se saltó a la torera su ya maltrecha neutralidad para insinuar que está dispuesto a convertir a los representantes del pueblo en simples delegados de Javier Arenas y Pepiño Blanco, y a despojar de su escaño a cualquier diputado elegido por el pueblo que no actúe al dictado de un burócrata de partido que ni siquiera se presentó a las elecciones. Pero tampoco pasó nada. Como la tarde iba de piojos, la presidenta del Congreso se sumó también a la fiesta, y, excusándose en la letra del Reglamento, y en el minuto de exceso usado por Zapatero, le cerró el micrófono al jefe de la Oposición, se puso descaradamente al lado del Gobierno, y batió todos los récords de parcialidad y descortesía parlamentaria. Pero tampoco se inmutó nadie. Y muy poco antes, al ser preguntado por las mentiras con las que había justificado la agresión a Irak, el presidente del Gobierno había optado por mentir más que nunca, decir que se había limitado a seguir los acuerdos de la ONU y de su Consejo de Seguridad, y dejarnos a todos sentados y estantiguados, sin que tampoco pasase nada. Simancas, que patalea como un niño en arenas movedizas, se somete el lunes a una votación de investidura que quiere perder, mientras que Esperanza Aguirre, que estaba dispuesta a ser investida como presidenta de Madrid, optó por echarse a un lado y renunciar a tal oportunidad. Rodríguez Zapatero dice que la presencia de dos cantamañanas en su grupo pone en evidencia al PP, pero que al PSOE no le toca ni una brizna. También el PP aparece, como si fuese una novia, en todas las agendas, en todas las listas de llamadas y en todos los despachos de asesoría de Tamayo y Sáez, mientras Arenas sugiere que los corruptos sólo iban por Génova a tomar un cafelito. Y todo cuanto se dice y se toca para aclarar la crisis institucional derivada de los ladrillos apunta a que todos lo sabían, y a que nadie (Tribunal de Cuentas, Tribunal Superior, Fiscalía, Asamblea y ayuntamientos de Madrid) se movió a tiempo para evitarlo. La conclusión, si somos sinceros, sólo puede ser esta: que estamos en un patio de soberbia e ignorancia, donde Tamayo y Sáez son puros aficionados. Aunque el discurso correcto se empeñe en decir y demostrar lo contrario.