GRAMSCI propugnaba que «contra el fascismo, resistencia y con la democracia, compromiso». El elector español muchas veces se ve desmoralizado con el espectáculo político al que tiene que asistir. Compromiso con la democracia, sí. Pero precisamente por eso tiene pocas oportunidades para demostrar su desagrado con «precisamente esta» democracia, salvo con la abstención o el voto en blanco. Si la posmodernidad se suele definir como la desviación de las responsabilidades públicas hacia el mercado, parece que en el caso español lo que se pretende es precisamente manipular los precios de mercado mediante el control oligárquico de la oferta de un bien no producible como es el suelo, cuya especulación a costa de la gente se ha convertido en la madre de (casi) todas las fortunas. No hay más que ver la avidez con la que políticos de todas las formaciones se abalanzan sobre las concejalías de la cosa, en una auténtica fiebre de patriotismo urbanístico que suele tener que ver más con prácticas semi-mafiosas que con un compromiso con la verdadera democracia. «Arreglar, lo que se dice arreglar, no es de esperar que los políticos arreglemos nada, pero, al menos, vamos a encarecerlo». Una forma de estropearlo es que cada parlamento regional aumente la confusión con su propia legislación y que cada edil de urbanismo aplique la dialéctica amigo enemigo para añadir mayor arbitrariedad a la cosa. Ejército no tendremos mucho, y operativo, menos, pero parlamentarios hay a millares. Y cuantos más haya más fácil es que, aplicando los coeficientes habituales entre la sociedad de tarados y elementos de moral distraída, aumente la población de los cohechables. Por ejemplo, ¿son verdaderamente necesarios nada menos que 111 parlamentarios en la asamblea de la comunidad de Madrid?. La respuesta es de Gracián: «Lo bueno, si breve, dos veces bueno».