NO SE PUEDE ocultar que más allá de un gobierno en juego, o de un proyecto político afectado en su viabilidad, el caso Tamayo/Sáez apunta al núcleo del sistema. Independientemente de las razones esgrimidas por los distintos actores de este culebrón de corrupción, resulta imposible comprender que en un sistema democrático se le den tantas facilidades a un ilegítimo par de fuerzas (corruptores-corrompidos), para que con una reiteración inexplicable puedan alterar la voluntad popular. El sistema democrático asimila con dificultad que los partidos incumplan reiteradamente sus programas electorales, que hoy manifiesten su trasacordo respecto a lo que ayer enfatizaban como propios e irrenunciables principios, o que sea moneda corriente ver la paja en ojo del adversario y no la viga en el propio. Recientes están las reiteradas negativas a establecer comisiones de investigación del Gobierno popular, o a asumir responsabilidades políticas por parte de sus ministros, cuando en la prédica pre-poder y desde la oposición se mantuvo con firmeza digna de mejor causa exactamente lo contrario. O considerar los pactos postelectorales éticos y democráticos allá donde confluyan con los propios intereses, y se conviertan en espurios y fraudulentos cuando la contraparte pactante no beneficia a esos intereses. Es en estos enredos, junto con otros asociados al mal uso del poder en función de intereses particulares, o a enquistadas luchas intestinas dentro de los partidos que responden más a ansias de poder que a estrategias políticas diferenciadas, donde paulatinamente se va desgarrando la credibilidad del sistema democrático. Por eso, cuando se enuncia un discurso de dignificación de la vida política no sólo debe desarrollarse un programa y un comportamiento que responda a ello, sino que resulta imprescindible garantizar una organización en la que no tengan cabida esas actitudes o comportamientos. Por eso sorprende que el Partido Socialista haya incurrido en el error de incorporar en su lista a personajes incursos en un proceso de su propia comisión de ética. Por eso descorazona que un partido que centra su esfuerzo en la dignificación no se mantenga alerta ante dirigentes sobre los que hay señales de alarma. Pero las responsabilidades ante la intromisión de unos poderes ilegítimos entorpeciendo y adulterando el ejercicio del poder democrático, como la que se observa en la Comunidad de Madrid, no sólo alcanzan al partido socialista, por más que Aznar -con media sonrisa- sostenga que el problema sólo a ellos les afecta, pues el Partido Popular, aun beneficiándose de este asalto, está obligado -también- a desenmascarar y combatir los agentes espurios y antidemocráticos que con su actuación pretenden jibarizar el poder democrático. Tamayo y Sáez no son truhanes en el patio de Monipodio, sino agentes usurpadores de la voluntad electoral y ante ello, superada la fase de asombro de los blasillos de Forges, sólo nos queda sumarnos a su grito... y más.