NOVENO DÍA de guerra. Y se confirman las peores impresiones. Ni es «limpia», ni es «corta», ni se ha derrumbado el régimen de Sadam, ni se han producido sublevaciones en el Ejército iraquí, ni los soldados angloamericanos son recibidos como «libertadores». Las imágenes de los bombardeos sobre Bagdad están estremeciendo y generando olas de indignación en nuestra sociedad, mayoritariamente opuesta a las decisiones adoptadas por el Gobierno del PP y, especialmente, por José María Aznar. Hemos sido víctimas de muchas mentiras. Las cosas se han hecho de tal manera que, además, podemos estar en vísperas de una grave crisis política. Cuando la mayoría de la sociedad camina en una dirección y el Gobierno lo hace en otra, radicalmente opuesta, corremos el riesgo de que produzca una intensa e indeseable deslegitimación de nuestro sistema democrático. Y es preciso reaccionar con prontitud y serenidad. Lo peor que nos podría pasar es que los incidentes violentos en las calles y los ataques a responsables del PP nos llevaran a una situación sin salida. La oposición tiene que actuar con responsabilidad, pero el Gobierno, también. Podemos sufrir daños colaterales de carácter institucional. Por ejemplo, los referidos a la polémica surgida en torno al papel del Rey en la crisis. En mi opinión, el Rey está actuando correctamente y de acuerdo con las previsiones constitucionales. Aunque quisiera intervenir u opinar sobre tales decisiones gubernamentales, no podría hacerlo. Otra cosa es que tal diferencia carezca de la suficiente visibilidad ante los españoles y que no hayan percibido claramente diferenciados los ámbitos de las responsabilidades políticas del Gobierno y del Rey. Y los problemas provienen de la ausencia de un procedimiento o protocolo para que el Gobierno resulte obligado a solicitar las autorizaciones necesarias del Parlamento antes de comprometer a España en una guerra de facto y en el envío de un contingente militar a Irak. El Gobierno, al no desear que se apliquen las previsiones del artículo 63.3 de la Constitución sobre la declaración de guerra, nos traslada a una especie de limbo constitucional que genera grandes dudas sobre la constitucionalidad de la situación que vivimos. Además, con tal actitud, se puede erosionar la auctoritas del Rey en la medida en que no aparecen nítidamente diferenciadas las competencias de las Cortes Generales, del Gobierno y del Rey. Y así no podemos seguir. Si no se desea reformar la Constitución en el artículo correspondiente, sería imprescindible, al menos, elaborar una ley orgánica que regule el procedimiento a seguir por el poder Ejecutivo para respetar el principio de sometimiento al Parlamento cuando se refiere a decisiones tan graves.