LA DE ILEGALIZAR a Batasuna ha sido una decisión en varios tiempos en la que han participado los tres poderes del Estado democrático: el ejecutivo, que presentó un proyecto de ley de partidos a las Cortes; el legislativo, que, tras modificarlo en aspectos sustanciales y aprobarlo por inmensa mayoría, instó al Gobierno (de nuevo con un amplísimo consenso) a solicitar la ilegalización; y el judicial, que una vez confirmada la compatibilidad de la ley de partidos con la Constitución, decidió ayer ilegalizar y disolver a Batasuna. La ilegalización constituye, pues, una victoria en toda regla del Estado democrático sobre los que durante años se han amparado en sus principios para defender las acciones criminales de una banda terrorista. Una victoria que es, al tiempo, política y moral.Moral, pues inmoral era hasta límites de escándalo que un grupo nacido con el único objetivo de dar cobertura a quien ha asesinado y secuestrado sin piedad pudiera beneficiarse de los privilegios que la ley concede a los partidos. La ilegalización de Batasuna es, desde esta perspectiva, una forma tardía -pero no por eso menos necesaria- de hacer justicia a las víctimas de ETA, que han tenido que sufrir durante años el escarnio de ver a los verdugos enaltecidos como héroes de la patria.Pero la ilegalización no constituye sólo una reparación moral que el Estado de derecho le debía a los miles de víctimas de ETA, sino también una pieza política esencial para combatirla legalmente. Y ello porque el constante enaltecimiento de los verdugos por parte de sus desalmados compañeros de fatigas ha operado como una pedagogía en negativo para los cientos de chavales que han llegado a creerse, a fuerza de ver a los criminales una y otra vez convertidos en héroes generosos, que los etarras eran, en efecto, ejemplos a imitar. Tal perversión hubiera sido imposible sin la acción de Batasuna y es casi seguro que será mucho más difícil de ahora en adelante.De hecho, la ilegalización de Batasuna marcha en la única dirección que podrá poner fin a la pesadilla terrorista: la de una pedagogía democrática sobre la inaceptabilidad legal de lo que ha de ser socialmente inaceptable: el crimen como instrumento para obtener objetivos inalcanzables sin el crimen. Sólo así será posible cortar por su raíz ese mecanismo de reproducción de la banda criminal que es en la actualidad el mayor obstáculo para una eficaz acción judicial y policial aceptada ya, por casi todos, como la única vía que permitirá acabar con ETA sin que su abandono de las armas suponga al mismo tiempo una derrota, de imprevisibles consecuencias, para el Estado democrático. Información