EL GOBIERNO ha aprobado el proyecto de Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad. Hay una disposición que dice que no podrán heredar a una persona con discapacidad los parientes que no le hayan prestado las atenciones debidas. Hasta ahora, lo que tradicionalmente se llamaba moral y buenas costumbres fueron siempre cosa de los colegios, o de los sacerdotes en lo relativo a la grey católica, por hablar de nuestra religión mayoritaria. Los restantes aspectos de la ley que conozco me parecen razonables. Una de las notas que caracteriza a nuestra sociedad es que ha dado la espalda a quienes tienen menos capacidad, aunque algunas individualidades, por fortuna, se vayan al otro extremo. A los sentimentales nos producen una acusada emoción esos padres dispuestos no ya a adoptar, sino a ejercer esa potestad con un niño con síndrome de Down, o paralítico mental, o sabe Dios qué. Pero estos son las minorías, frente a la legión de las familias de conciencia aparentamente sin fisuras, gentes convencidas de su bondad infinita porque no matan, roban ni fornican, que en cuanto el abuelo babea más de lo tolerable le encierran en una residencia contra su voluntad. O le hacen otras judiadas, que según el proyecto de ley no van a estar sometidas a sanción. ¿Quién y cómo va a medir, de acuerdo con la ley en proyecto, lo que han de ser las atenciones debidas? ¿Y qué va a pasar cuando un discapacitado que, según la sociedad, ha sido maltratado por su entorno familiar, decida dejar su cuantiosa fortuna precisamente a esos que nosotros vemos como sus torturadores? ¿Y por qué apoyar solamente a los discapacitados, cuando son innumerables los relativamente capaces a quienes, con la disculpa de que el pisito solamente tiene 70 metros de superficie, no les hacen maldito caso sus más íntimos? ¡Cuánto mejor sería que el Gobierno, en su afán de redondear el Estado de Bienestar, no se metiera en algunas cosas, que están mejor en la jurisdicción de la Compañía de Jesús, por citar lo que tenemos más cerca!