¿POR QUÉ se privatiza la Autopista del Atlántico (Audasa)? ¿Qué razones de interés público justifican la venta de esta empresa estatal tan relevante para Galicia? ¿Es una empresa con pérdidas? ¿Es una empresa poco eficiente? ¿No produce y gestiona un bien público de primera necesidad? ¿Qué piensa la Xunta al respecto? ¿Qué dice la oposición? ¿Qué opinan las ciudadanos? ¿Qué efectos económicos provocará sobre los usuarios? ¿Por qué estos silencios? Para responder a tanta pregunta hay que recordar primero algunas cuestiones. Uno, la Autopista del Atlántico es una infraestructura especializada, segura y eficiente que potencia los procesos de concentración e integración urbana, facilita la movilidad de las personas y mercancías, jerarquiza y vertebra las comunicaciones y resulta esencial para el desarrollo económico gallego. En el corredor atlántico se concentra más del 60% de la población, más del 70% del empleo no agrario y en torno al 80% de la renta gallega. Dos, la autopista nace mediante concesión administrativa a una empresa privada en 1973. Posteriormente, surgen dificultades financieras y el Estado tiene que hacerse cargo de la misma. Se realiza a continuación el tramo Pontevedra-Santiago y se completa el proyecto con los tramos Guísamo-Fene y Rande-Puxeiros, para su conexión con Portugal. El Estado prorroga la concesión administrativa hasta el año 2023. En esa fecha la autopista estará totalmente amortizada y se devolverá a la Administración del Estado para su utilización gratuita. Tres, la empresa genera beneficios crecientes desde hace algunos años. Cuatro, el Gobierno exige ahora la construcción del tramo Fene-Ferrol, prorroga la concesión hasta el 2048 e inicia un proceso privatizador. ¿A quién beneficia la venta de Audasa? En primer lugar, al comprador, que obtendría así un activo de alta rentabilidad y riesgo mínimo. La encarnizada disputa por el pastel entre fracciones del capital financiero es muy evidente. Además, la venta de Audasa reforzaría el poder económico de empresas ya de por sí poderosas. Pero al Gobierno también le interesa la operación. Con los recursos obtenidos podrá seguir reduciendo impuestos (que benefician a los mismos) sin provocar deterioros bruscos en el gasto. El coste de la medida lo soportarán -injustamente- nuestros hijos, nietos y biznietos, que deberán pagar durante muchos años un peaje a la concesionaria por el anticipo entregado al Gobierno. ¡Qué magnífica distribución de costes y beneficios! ¡Qué visión de futuro! Alguien debería explicarle a D. José María que así es difícil convencer al personal para que salga a la calle y proclame con entusiasmo cuanta felicidad nos espera. Y a todo ello, ¿qué dice el Parlamento de Galicia?